La comprensión de los procesos de cambio político en Venezuela implica alejarse de la inmediatez de los eventos públicos que se presentan a nuestra vista para internalizar las corrientes que los movilizan y hacen posible empujar hacia una transición necesaria. Para ello es indispensable tomar como referencia el clásico modelo de Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter, contemplado en el libro “Transiciones desde un régimen autoritario, publicado en 1986.
Para ambos autores las transiciones desde regímenes autoritarios no se producen de forma instantánea, sino que responden a dinámicas progresivas y conflictivas de cesión de un poder hegemónico a otro. Desde este enfoque, la mesa de diálogo instalada en la base área La Carlota no representa el acta de nacimiento de la transición venezolana, como muchos han pronosticado y que tiende a confundir la formalización del pacto con el verdadero sismo político y la ingeniería diplomática que lo hicieron posible. El real punto de origen de esta transición está en la vulneración de la soberanía popular el 28 de julio de 2024, al fraguarse un masivo fraude electoral.
De acuerdo a D’onnell y Schmitter, un régimen autoritario entra en crisis terminal cuando intentan prolongar su hegemonia a costa de una pérdida total de legitimidad, elevando el rechazo de la sociedad y la comunidad internacional. El fraude del 28 de julio de 2024 no consolidó al régimen, como muchos de sus voceros pensaban. Más bien, profundizó su aislamiento y reactivó la presión estadounidense que provocó fractura y delación en el bloque oficialista, culminando con la extracción de Maduro el 3 de enero del 2026.
Es precisamente en esa coyuntura donde el modelo teórico de O’Donnell y Schmitter sobre la fractura de las élites gobernantes cobra vigencia mediante las figuras de Jorge y Delcy Rodríguez. Ante el colapso del núcleo duro en torno a Maduro, los hermanos Rodríguez asumieron el rol de “blandos” del régimen con el gobierno estadounidense, su otrora archienemigo. La permanencia en el aparato político de esos hermanos no obedece a una perpetuación hegemónica, sino a una acción de Realpolitik orientada a tutelar una retirada estratégica.
Todo pareciera indicar, según el modelo de O’Donnel y Schmitter, que los hermanos Rodríguez, incluyendo a Diosdado Cabello, ven en la mesa de negociación una vía para ceder el poder de manera progresiva a cambio de garantías políticas e inmunidad jurídica. Para que esta cesión de poder no se convierta en un salto al vacío, la mesa de negociación de La Carlota, tutelada por la administración de Trump, ha colocado como máxima prioridad el rediseño institucional del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La razón es sencilla. El fraude del 28 de julio de 2024 se produjo gracias a la total sumisión de estos dos órganos bajo el régimen de Maduro y la argucia de Jorge Rodríguez. El CNE fabricó resultados opacos y la Sala Electoral del TSJ enterró la vía legal con un arbitraje fraudulento. Por ello, reconstruir un CNE con rectores independientes y reformar un TSJ despartidizado es la vía expedita para blindar la soberanía popular, principio clave del Estado de Derecho.
De manera que detrás del pragmatismo de esta negociación, hecha en territorio venezolano y bajo la lupa de la Casa Blanca, el punto crucial es reivindicar la soberanía popular. Más allá de que algunos sostengan que este pacto responde a los intereses geopoliticos de los gringos y en la conveniencia de los jerarcas del régimen por buscar salvoconducto, lo fundamental es que representa un avance en la reinstitucionalización del Estado venezolano, hoy convertido en una instancia fallida e incapaz de atender los urgentes problemas de la población. Esperemos que así sea y que esa transición que está en marcha logre sus objetivos esenciales.
(*) Politólogo y profesor titular de la UDO.