Hoy, la cotidianidad en la región andina está marcada por una desafiante realidad: un sistema eléctrico altamente inestable con prolongados cortes, y una red vial fracturada, donde los ciudadanos deben sortear en cuál hueco caer para que el impacto a sus vehículos provoque el menor daño posible. Mérida a oscuras.
El suplicio eléctrico: Oscuridad y zozobra
Uno de los flancos más vulnerables en la entidad es el servicio eléctrico. Los constantes bajones, fluctuaciones y cortes imprevistos se han convertido en parte del quehacer diario para los ciudadanos.
A esto se le suma la incertidumbre de no saber cuándo retornará el fluido, lo que trastorna por completo cualquier planificación familiar o laboral. Las familias pierden sus alimentos perecederos y los comerciantes ven cómo se esfuma su capital de trabajo ante la quema imprevista de tarjetas electrónicas y motores de refrigeración.
Esta inestabilidad energética no solo paraliza las actividades comerciales, educativas y bancarias, sino que golpea con fuerza el bolsillo de familias y pequeños empresarios al dañar de forma irremediable electrodomésticos y equipos de trabajo.
Entretanto, autoridades y organismos gubernamentales han atribuido reiteradamente estas fallas a factores climáticos adversos, altas temperaturas que inciden en la evaporación y bajan los niveles críticos de agua en los embalses estratégicos, además de incendios forestales que disparan las líneas de transmisión.
No obstante, los especialistas en materia eléctrica señalan que la falta de mantenimiento preventivo, la desinversión histórica y la ausencia de personal calificado en las subestaciones son las verdaderas raíces de esta debacle que azota al occidente venezolano.
Sin embargo, los planes de administración de cargas y los racionamientos aplicados de manera intermitente no han logrado estabilizar el suministro eléctrico, dejando a comunidades enteras a merced de una penumbra prolongada que altera profundamente el tejido social y económico del estado.
Los comerciantes locales se ven obligados a adquirir plantas eléctricas a gasolina o diésel, cuyos altos costos operativos encarecen exponencialmente los productos finales, asfixiando aún más el poder adquisitivo de un consumidor que ya sobrevive al margen de la precariedad.
Carreteras intransitables, más huecos que asfalto
Sin ser menos importante, a la crisis energética se suma la crítica situación de la infraestructura vial, un problema que aísla de forma progresiva a los productores y transeúntes.
Un claro ejemplo de esta vulnerabilidad se vive en el sector El Cafetal, ubicado en el municipio Libertador, donde los constantes deslizamientos de tierra mantienen restringido y en peligro el paso vehicular.
Los conductores que transitan por esta zona arriesgan su integridad física y la de sus pasajeros ante el inminente riesgo de nuevos colapsos de ladera, especialmente en las temporadas de precipitaciones intensas.
Con una problemática que acumula largos meses sin una solución definitiva, los habitantes de parroquias como Arias y Jacinto Plaza sufren las consecuencias directas de una calzada bloqueada que, conforme pasan los meses, no muestra mejoría ante una acción gubernamental que llega a cuenta gotas.
Las promesas de rehabilitación integral se quedan en anuncios gubernamentales mientras las bases de los puentes ceden y el asfalto desaparece bajo toneladas de escombros y lodo.
Lo que antes representaba un trayecto rápido hacia el centro de la ciudad, hoy se traduce en horas perdidas tras la necesidad de tomar rutas alternas, como la vía por El Arenal conectando hacia la zona norte del casco central de la ciudad, en el municipio capital.
Este embotellamiento permanente genera un desgaste mecánico acelerado en el transporte público, cuyos repuestos —cauchos, terminales, amortiguadores y tren delantero— se cotizan a precios inaccesibles para los transportistas locales, quienes a duras penas logran cubrir los costos de mantenimiento de sus unidades.
Esta realidad no es exclusiva de Libertador; municipios como Alberto Adriani (El Vigía), Zea, Tovar y Obispo Ramos de Lora también sufren periódicamente por el cierre parcial o total de sus carreteras debido al colapso de alcantarillas, el desbordamiento de caños y la obstrucción de caminos agrícolas esenciales para el abastecimiento local.
Los agricultores de la zona pierden cosechas enteras en los campos porque los camiones no pueden ingresar a retirar los rubros, lo que a su vez impacta de manera directa en la escasez y encarecimiento de hortalizas y verduras en los mercados de todo el país, vulnerando la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación.
La eterna lucha por salarios dignos y calidad de vida
A la par de estas dificultades logísticas y de servicios, la emergencia humanitaria compleja golpea con crudeza la estabilidad emocional y económica de la fuerza laboral activa y de los sectores más vulnerables de la población merideña.
Las protestas para exigir pagos pendientes se han vuelto constantes. Personal jubilado y pensionado de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (Cantv) se ha mantenido en las calles durante las últimas semanas, llamando la atención de los transeúntes y haciendo eco a nivel nacional, debido a que lo poco que reciben no les alcanza ni para comprar la pastilla para controlar la presión arterial, mucho menos para pagar médicos especialistas privados o llevar una dieta balanceada dignamente.
A esta situación se suman los educadores, personal de la salud y empleados públicos en general, cuyos ingresos mensuales se pulverizan frente a la escalada inflacionaria y la devaluación constante de la moneda nacional.
Muchos profesionales han tenido que migrar hacia la economía informal o abandonar el país en busca de horizontes más seguros, dejando vacíos irremplazables en las instituciones públicas y en las aulas de clase del estado Mérida.
Los merideños resisten con resiliencia, pero claman por soluciones integrales
La exigencia ciudadana es simple: que el Estado garantice servicios públicos eficientes, carreteras seguras y un sistema eléctrico confiable ya no es solo una exigencia laboral o económica, sino una condición indispensable para preservar la calidad de vida de los ciudadanos.
La recuperación de la región andina exige voluntad política, transparencia administrativa y una inversión urgente que permita rescatar la infraestructura colapsada antes de que el deterioro social sea irreversible.
Lapatilla.com