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Cómo puede Perú aprovechar un nuevo auge de los precios de las materias primas para fomentar su crecimiento de forma duradera

 

Como líder mundial en la producción de cobre y oro, Perú se ha beneficiado de los máximos históricos en los precios de los metales. La confianza ha alcanzado su nivel más alto desde la pandemia, impulsando el consumo y la inversión. El auge de los precios de las materias primas incrementó las exportaciones nominales y el ingreso nacional, con lo que se reforzaron los saldos tanto externo como fiscal. La economía creció un 3,4% en 2025, uno de los crecimientos más sólidos de los registrados entre los países comparables de la región.

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Las perspectivas favorables le brindan a Perú una nueva oportunidad para abordar problemas estructurales y lograr un crecimiento a mediano plazo más sólido.

Con la transición energética y el auge de los equipos de suministro eléctrico para la inteligencia artificial, se espera que la demanda mundial de cobre permanezca elevada, lo que probablemente impulsará la economía peruana en los próximos años. Este entorno favorable brinda a Perú el espacio y la oportunidad para actuar antes de que el ciclo de las materias primas cambie de dirección. Al utilizar los ingresos extraordinarios para fortalecer la inversión pública—y mejorar la forma en que esta se selecciona y ejecuta—el país puede generar apoyo para reformas que reactiven la inversión privada, aumenten la productividad, y hagan que el crecimiento sea más duradero e inclusivo. La revisión anual de la economía peruana a cargo del FMI muestra que canalizar los ingresos hacia una inversión pública más eficiente podría impulsar de manera permanente el crecimiento potencial hasta en 1 punto porcentual.

Esta no es la primera ocasión en que los precios elevados de los metales han impulsado la economía peruana. Entre 2002 y 2014, el rápido crecimiento de los mercados emergentes elevó más de cinco veces los precios del cobre y el oro. La economía peruana creció un 6% de media durante más de una década, registrándose también un crecimiento significativo en sectores no mineros como la agroindustria, el turismo y los servicios. Los elevados precios de los metales impulsaron la renta nacional y financiaron un aumento considerable de la inversión pública y privada, respaldado por fuertes entradas de capital (incluida inversión extranjera directa) y por la expansión de crédito interno. Más importante aún, reformas estructurales de amplio alcance—como las reglas de responsabilidad fiscal, el régimen de metas de inflación, la liberalización del comercio y del sistema financiero, las privatizaciones y una gestión más sólida de las finanzas públicas—contribuyeron a establecer un sólido marco de políticas macroeconómicas y respaldaron un elevado crecimiento de la productividad.

Desde 2014, Perú ha mantenido una estabilidad económica notable pese a la sucesión de crisis políticas y disturbios sociales. Ahora bien, el impulso de las reformas estructurales se ha estancado y se han disipado los beneficios del anterior período de auge. El crecimiento se ha reducido casi a la mitad, la productividad ha disminuido y la inversión privada sigue siendo débil.

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Aún quedan por delante grandes desafíos. La actual tasa de pobreza, que supera el 25%, se sitúa tan solo ligeramente por debajo del nivel de 2012. Más del 70% de la fuerza de trabajo es informal. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el país necesita una inversión en infraestructura de 100.000 millones de dólares.

Generar crecimiento sostenible e inclusivo

Desbloquear las inversiones en minería es un paso importante, pero no suficiente para generar crecimiento duradero. Para lograrlo, hará falta mantener reformas estructurales que incrementen la productividad y recuperen la confianza en el gasto público.

*Desbloquear las inversiones en minería. Reformas que conjuguen la simplificación de la inversión con medidas más eficaces contra la minería ilegal podrían contribuir a desbloquear una cartera de proyectos mineros de aproximadamente 63.000 millones de dólares (18% del PIB) que lleva paralizada muchos años debido a la complejidad burocrática y los conflictos sociales. El análisis del personal técnico muestra que el aumento de la minería ilegal tras la pandemia, en el contexto de implicación reciente del crimen organizado, amenaza la inversión minera formal, plantea riesgos de seguridad y gobernanza y tiene amplias repercusiones socioeconómicas.

*Crecimiento de la economía no minera. Pese a que la minería recibe más del 10% de la inversión privada total, este sector por sí solo no puede sostener el crecimiento a largo plazo. Perú necesita revitalizar la inversión privada y aumentar la productividad general una vez más. Nuestro análisis muestra que ciertas regulaciones laborales y tributarias distorsionadoras han creado obstáculos para que las empresas se formalicen y crezcan, contribuyendo a los altos niveles de informalidad y baja productividad. Además, abordar los aún bajos pero crecientes niveles de inseguridad, así como la persistente inestabilidad política, será esencial para generar un entorno estable que fomente la inversión del sector privado. Una mayor profundización financiera también permitiría al sector financiero respaldar nueva inversión privada.

*Replantear la inversión pública. Perú cuenta con uno de los niveles de inversión pública más elevados de la región, la mayoría de la cual corre a cargo de los gobiernos locales y se financia con los ingresos procedentes de los recursos naturales. No obstante, nuestro análisis revela que los gobiernos locales experimentan dificultades en su ejecución y están obligados a gastar los ingresos dentro de ciclos políticos cortos, lo que limita el impacto sobre el desarrollo económico y debilita la confianza de la ciudadanía. Una mejora en la manera en que se distribuyen e invierten los ingresos procedentes de los recursos naturales a nivel local garantizaría que la riqueza minera de Perú se traduzca en un desarrollo sostenible e inclusivo para todos los ciudadanos.

Durante el auge de los precios de las materias primas en la década de 2000, Perú sentó las bases fundamentales de las políticas económicas, pero la productividad se estancó cuando ese ciclo llegó a su fin. Para reavivar el crecimiento duradero, harán falta reformas decididas. La verdadera prueba a superar no es si el elevado precio de los metales impulsa o no el crecimiento, sino más bien si Perú es capaz de mantener un crecimiento fuerte e inclusivo cuando los precios de las materias primas ya no sean su principal motor.

Moya Chin es economista y Giovanni Ugazio es economista principal, ambos en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, donde Sònia Muñoz es asesora.

 

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