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El parlamentario de la Asamblea Nacional de Venezuela denunció que el bloqueo económico restringe el acceso a la salud, alimentos y servicios básicos, al margen del Derecho Internacional y la Carta de la ONU.
El diputado a la Asamblea Nacional, y dirigente laboral del Movimiento de Integridad Nacional (MIN-UNIDAD) Arsenio Henríquez, fijó una postura contundente frente al impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales impuestas contra Venezuela, señalando que estas acciones no afectan a un sector político en particular, sino que atentan directamente contra la calidad de vida y el bienestar del pueblo trabajador y empresarial venezolano.
Debemos decir la verdad con claridad y sin rodeos: las sanciones no son herramientas diplomáticas inocuas. Son un mecanismo de asedio y coerción económica que castiga colectivamente a las familias venezolanas en su vida cotidiana, aseveró el diputado Henríquez.
El parlamentario precisó que la denuncia contra estas medidas coercitivas no se basa en discursos teóricos, sino en las consecuencias concretas que sufre la población:
Salud e insumos médicos: El bloqueo de las operaciones financieras del país impide la compra oportuna de vacunas, insumos hospitalarios y tratamientos para enfermedades crónicas.
Servicios públicos: Las restricciones comerciales dificultan la adquisición de repuestos e insumos esenciales para el mantenimiento del sistema eléctrico, las plantas de agua potable.
Henríquez advirtió que, por temor a represalias o sanciones secundarias, bancos e instituciones internacionales bloquean transacciones venezolanas legítimas, congelando recursos destinados a atender necesidades básicas de la población.
Recordó que, según el marco legal global, ningún país tiene la potestad de imponer castigos económicos a otra nación de forma unilateral.
Bajo el Derecho Internacional y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, solo el Consejo de Seguridad tiene atribuciones para dictar medidas coercitivas. La imposición unilateral de sanciones atenta contra la soberanía, la autodeterminación y la igualdad jurídica de los Estados, enfatizó.
Asimismo, citó los informes de diversos Relatores Especiales de la ONU sobre Derechos Humanos, quienes han ratificado formalmente que las sanciones limitan el desarrollo y erosionan el goce de los derechos más elementales de los ciudadanos.
Para finalizar, el diputado Henríquez exigió el levantamiento inmediato e incondicional de todas las medidas coercitivas unilaterales, ratificando que la soberanía nacional y la dignidad de los ciudadanos deben respetarse por encima de cualquier agenda geopolítica.
Resulta contradictorio proclamar la defensa de la democracia y los derechos humanos mientras se priva a todo un pueblo de sus medios esenciales de subsistencia. La solución a nuestros asuntos internos solo nos corresponde a los venezolanos, en pleno ejercicio de nuestra soberanía, en paz y mediante el diálogo, concluyó el parlamentario.
Nota de prensa