El doctor Domingo Javier Salgado Rodríguez, barquisimetano, profesional del Derecho, especializado en materia laboral, docente universitario, investigador y segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y del cual es presidente de la Sala Electoral, afirma que es extemporánea la convocatoria de la Asamblea Nacional para la postulación de aspirantes al TSJ, por cuanto no ha vencido el período del legítimo, cuyos 33 magistrados, designados por los parlamentarios del 2015, se encuentran en el exterior, a consecuencia de la persecución del régimen.
Mi postulación fue hecha por la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y aprobada por las dos terceras partes de la cámara el 21 de julio de 2017, expresa. De acuerdo a la Constitución, nuestro período de doce años concluye en julio de 2029.
Ante ese hecho, el magistrado hace saber que la convocatoria hecha por la Asamblea Nacional el 22 de mayo de este año y la escogencia del Comité de Postulaciones Judiciales para realizar el proceso de entrevistas a los 613 aspirantes a integrar el TSJ, la Inspectoría General de Tribunales y de la Escuela Nacional de la Magistratura, es extemporánea por hacerse en forma anticipada.
Además, los integrantes de la actual Asamblea Nacional, que fueron votados el 25 de mayo de 2025 y se incorporaron oficialmente el 5 de enero de 2026, no tienen legitimidad por ser producto de un proceso sujeto que violenta la separación de poderes y, desde luego, la Constitución, carente del reconocimiento internacional.
El TSJ en el exilio considera que la legitimidad es mantenida por la Asamblea Nacional del 2015, que sí ha tenido reconocimiento internacional y sostiene el hilo constitucional.
En ese sentido se estima decisión constitucional que sean llamados los magistrados en el exilio a incorporarse a sus funciones en el Palacio de Justicia, para de esa forma fortalecer la institucionalidad del Estado venezolano.
Es lamentable, por tanto, que esta Asamblea esté desarrollando un proceso de selección de nuevos magistrados, destinada a sustituir a algunos funcionarios que han sido separados como jubilados e incorporar a suplentes, para integrar un cuerpo de 32 personas, como resultado de una reforma que se hizo a la estructura del máximo tribunal de la república.
El doctor Salgado Rodríguez, como el resto del TSJ en el exilio, consideran que desde el 3 de enero de este año cuando se produjo el tutelaje de los Estados Unidos sobre Venezuela, ha quedado suspendida la Constitución de la república.
La situación del país, desde entonces, es atípica, por cuanto las decisiones políticas y económicas ya no son tomadas por autoridades nacionales, sino por un gobierno extranjero que puede girar instrucciones precisas sobre determinados aspectos de la vida nacional.
Eso explica que se hayan modificado y sancionado algunas leyes como la Reforma de la Ley de Hidrocarburos con el propósito de atraer inversiones extranjeras para reactivar la industria petrolera, ya que las empresas pueden operar con mayor flexibilidad no sólo con el crudo sino también con el gas; La Ley Orgánica de Minas, que establece nuevos esquemas de regulación sobre la exploración, explotación y comercialización de minerales, permitiendo además concesiones de hasta treinta años que hacen atractivas las inversiones, así como incorpora mecanismos independientes para la resolución de conflictos con inversionistas para brindar mayor seguridad jurídica,
Al mismo tiempo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos ha emitido un paquete de licencias generales que levantan parcialmente las sanciones a la industria petrolera, del gas, petroquímica y minera.
El doctor Salgado Rodríguez como autoridad del TSJ en el exilio sostiene que como la Constitución está suspendida por el tutelaje, cualquier proceso de transición es inviable sin el desmantelamiento previo y total de las estructuras del gobierno actual y el cese de la usurpación.
Por otra parte, nuestro entrevistado sostiene la necesidad de desmantelar totalmente el actual sistema judicial venezolano por carecer de independencia y haberse prestado a las políticas del régimen.
En este sentido ha venido denunciando a jueces y fiscales por ejecutar detenciones arbitrarias y actuar en procedimientos irregulares, como la persecución política.
Desde luego, como tiene que ser en un país democrático, debe haber separación de poderes y en este sentido considera el doctor Salgado Rodríguez como grave que el 4 de diciembre de 2.009 la entonces presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales Lamuño hubiera manifestado que la separación de poderes es un principio que debilita el Estado.
Los poderes públicos tienen que tener independencia, autonomía y autoridad para que sus decisiones sean tomadas en forma correcta y, por tanto, ser instituciones respetables.
El doctor Salgado Rodríguez es enfático al hablar sobre el sistema judicial, ya que plantea la necesidad de hacer una revisión profunda que no sólo abarque a los jueces y fiscales, sino también la actuación de los abogados y los estudios universitarios destinados a la formación de los estudiantes de Derecho.
Su planteamiento sobre el sistema de justicia es muy firme, ya que sostiene que la justicia no puede estar supeditada a la política, los jueces tienen que ser modelo para la sociedad y, por tanto, sus actuaciones deben caracterizarse por la responsabilidad, la rectitud, la honestidad y la autonomía.
Y es decisivo al señalar que al fortalecerse la justicia se garantizará el Estado de Derecho en Venezuela, lo que nos hará un país distinto al que hemos tenido hasta ahora.
Pacífico Sánchez – EL Impulso