La tolda aurinegra exige a gobernaciones y alcaldías cumplir la ley para mitigar riesgos, y llama a la organización comunitaria para salvar vidas.
Ante el inicio de la temporada de lluvias en el país, el movimiento Primero Justicia fijó posición para enfatizar que las pérdidas materiales y humanas generadas por las precipitaciones son eventos previsibles y prevenibles si se aplican políticas públicas eficientes. La organización política señaló que la vulnerabilidad actual del territorio exige un cambio urgente de modelo que priorice la planificación urbana, el cumplimiento de la ley y el resguardo de las familias venezolanas.
Obligación legal de proteger a la población
Alicia Figueroa, secretaria nacional de Seguridad Ciudadana de Primero Justicia, recordó que las políticas de prevención y mitigación de riesgos no son discrecionales, sino que fundamentan su obligatoriedad en el marco jurídico nacional que incluye la Constitución, la Ley de Protección Civil y Administración de Desastres, y la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos.
“Existe una responsabilidad directa y constitucional de quienes ocupan el poder en sus distintos niveles —especialmente en las gobernaciones y alcaldías— de diseñar y ejecutar directrices estratégicas que permitan identificar, evaluar y controlar potenciales amenazas. Los gobiernos regionales y municipales tienen la obligación ineludible de salvaguardar la vida e integridad de las poblaciones donde gobiernan, y no arrastrar a los ciudadanos a una situación de total indefensión cada vez que empieza el ciclo de ondas tropicales”, apuntó Figueroa.
Propuestas para un cambio de modelo
La dirigente nacional de Primero Justicia advirtió que para transformar la realidad de contingencia permanente que vive el país se requiere un cambio de gobierno y de visión institucional. En este sentido, dijo, la organización que representa propone enfocar el presupuesto y el esfuerzo técnico en cuatro ejes fundamentales que hoy se encuentran en abandono:
Prevención real: Regular de forma estricta el uso de los suelos y frenar de manera definitiva la construcción de infraestructuras en zonas de alto riesgo, como laderas inestables o cauces de ríos y la importancia de la limpieza y mantenimiento de las torrenteras.
Mitigación activa: Implementar herramientas técnicas y censos actualizados para identificar y cuantificar los riesgos físicos y sociales en los sectores vulnerables antes de que ocurran los desastres.
Educación y cultura de riesgo: Desarrollar programas masivos de capacitación orientados a la autoprotección, primeros auxilios y protocolos de evacuación.
Cumplimiento del PDUL: Exigir que en los 335 municipios del país se reactiven y respeten los Planes de Desarrollo Urbano Local (PDUL) para detener el crecimiento urbano desordenado que colapsa los servicios y las vías de comunicación.
Rol de las comunidades en la prevención
En este sentido, Alicia Figueroa hizo un llamado clave a la sociedad civil, destacando que los ciudadanos y las comunidades organizadas deben asumir un rol protagónico en la contraloría social y en la mitigación de riesgos en sus propios entornos.
A la par de exigir las obras de infraestructura correspondientes, la vocera instó a los vecinos a involucrarse en el diseño de los planes locales de emergencia, tomar conciencia sobre los peligros de construir en terrenos vulnerables, evitar el desecho de basura y sedimentos en cauces de ríos y quebradas, y promover simulacros que midan la capacidad de respuesta comunitaria ante cualquier eventualidad.
Operación Lupa en las regiones afectadas
El pronunciamiento se produce tras la Operación Lupa realizada por la organización sobre los estragos que la temporada de lluvias ha dejado desde abril en los estados Lara, Mérida, Táchira, Portuguesa, Zulia, Aragua, Miranda y Sucre; sumándose durante el mes de junio las entidades de Amazonas, Bolívar, Barinas, Portuguesa y Apure.
Entre los casos más críticos reportados por las estructuras de la tolda política se encuentran:
Región Andina: El aumento del caudal del río Chama en Mérida que ha generado riesgo de socavación, afectando gravemente los servicios en los municipios Alberto Adriani, Obispo Ramos de Lora y Zea. En Táchira, más de 140 familias del municipio San Judas Tadeo quedaron incomunicadas a inicios de la temporada por deslizamientos.
Occidente: En el estado Lara, la infraestructura vial de Iribarren y Palavecino presenta daños considerables, destacando el colapso de la carretera hacia la localidad de Río Claro en el sector Manguito Abajo.
Los Llanos: En el estado Apure, al menos cinco comunidades de Guasdualito permanecen inundadas tras las lluvias del pasado 4 de junio. Por su parte, en el municipio Cruz Paredes de Barinas se registran severos daños viales, mientras que en la comunidad agrícola de Las Tunas (parroquia Calderas) el colapso de su único puente peatonal mantiene aislados a los productores de la zona.
Región Sur y Oriente: En el estado Amazonas se decretó formalmente el estado de emergencia en el municipio Alto Orinoco por el desbordamiento del río Orinoco. Asimismo, el paso de la onda tropical número 10 por el estado Sucre provocó el colapso de circuitos eléctricos, agravando la crisis de servicios públicos.
Finalmente, Primero Justicia reiteró que la recuperación de los servicios, la vialidad y la seguridad habitacional pasa necesariamente por una transformación política de fondo en el país. “Si queremos que el país cambie y las instituciones vuelvan a trabajar para la gente y no para un partido, tenemos que empujar ese cambio exigiendo la designación de nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral y la convocatoria de elecciones presidenciales. Necesitamos condiciones democráticas institucionales claras que devuelvan la calidad de vida que le ha sido arrebatada a los venezolanos en los últimos 27 años”, concluyó Alicia Figueroa.
Nota de prensa