El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de Francisco Orellano en el Centro Penitenciario de Occidente, en Táchira, tras presentar complicaciones de salud sin recibir atención médica adecuada. Con este caso, la organización contabiliza 18 fallecimientos de personas privadas de libertad bajo custodia del Estado venezolano entre abril y mayo de 2026. La ONG exigió investigaciones, responsabilidades institucionales y medidas urgentes para frenar el deterioro de las condiciones sanitarias dentro del sistema penitenciario. La cárcel del estado Táchira.
La crisis del sistema penitenciario venezolano volvió a quedar en evidencia tras la muerte de Francisco Orellano, privado de libertad que se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO), ubicado en Santa Ana, estado Táchira, y que falleció luego de presentar complicaciones de salud sin recibir, presuntamente, la atención médica necesaria de manera oportuna.
La denuncia fue realizada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización que advirtió que el caso se suma a una preocupante cadena de fallecimientos registrados dentro de los centros de reclusión del país.
Según la ONG, con la muerte de Orellano ya son 18 las personas privadas de libertad que han fallecido bajo custodia del Estado venezolano entre abril y lo que va de mayo de 2026, en un contexto marcado por denuncias constantes sobre el deterioro de las condiciones sanitarias, la falta de atención médica especializada y el abandono institucional dentro de las cárceles.
El Observatorio alertó que numerosos reclusos permanecen encarcelados mientras padecen enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones, cuadros de desnutrición y otras patologías que, en muchos casos, avanzan sin controles médicos adecuados ni tratamientos oportunos.
La organización recordó que en las últimas semanas ha documentado varios fallecimientos similares ocurridos en distintos recintos penitenciarios del país, casos que, a su juicio, reflejan un patrón sistemático de vulneración de derechos fundamentales.
Asimismo, el OVP sostuvo que estas muertes representan una violación a diversos artículos de la Constitución venezolana, entre ellos el artículo 83, que establece la salud como un derecho social fundamental y una obligación del Estado, así como el artículo 272, que ordena garantizar condiciones penitenciarias respetuosas de los derechos humanos.
La organización también cuestionó la actuación de los organismos responsables de supervisar la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y señaló que la falta de respuestas institucionales contribuye al agravamiento de la crisis carcelaria.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la vida y la integridad de quienes se encuentran bajo su custodia, reiteró el Observatorio, al exigir investigaciones exhaustivas sobre cada uno de los fallecimientos registrados en los últimos meses.
Finalmente, la ONG pidió que se determinen responsabilidades por acción u omisión en estos casos y reclamó medidas urgentes para garantizar acceso a atención médica, medicamentos, diagnósticos oportunos y condiciones mínimas de vida dentro de los centros penitenciarios venezolanos, donde enfermedades tratables continúan cobrando vidas de manera recurrente.
Versión Final