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La Amazonia colombiana reclama la atención de los candidatos a la presidencia de la república

La Amazonia colombiana

 

Con un 40% del territorio nacional y apenas el 2% del censo electoral, es escenario de crisis como las guerras entre grupos ilegales y la deforestación, y de alternativas como otras formas de gobierno.

La Amazonia, la región más grande de Colombia, reclama la atención de los candidatos a la Presidencia.

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La Amazonia colombiana repite uno de sus mayores contrasentidos cada vez que el país entra en elecciones presidenciales: a pesar de representar un 40% del territorio nacional, solo tiene un 2% de los votantes. Que un candidato enfoque sus propuestas en lo que quiere hacer allí podría sonar electoralmente innecesario. Pero su extensión no es lo único determinante. La región es una de las principales fichas climáticas del país, un foco de conflictos y el lugar donde más avanza el ejercicio para ser un Estado plural y diverso.

A nivel global, lo que sucede en la Amazonia es una cuestión crítica: si su deforestación llega a aumentar entre el 22% y el 28% (de un 17% aproximado actual) y el calentamiento global promedio sube entre 1,5 °C y 1,9 °C comparado con la época preindustrial, alrededor de dos tercios de esta selva pueden transformarse en bosques degradados o ecosistemas similares a la sabana, advirtió un reciente estudio del Instituto de Investigación sobre el Impacto Climático de Potsdam (PIK).

En Colombia, además, hablar de la Amazonia implica reconocer su heterogeneidad. Mientras en la parte oriental (los departamentos Amazonas, Guainía y Vaupés) se ha logrado avanzar en formalizar entidades territoriales indígenas, en Caquetá, Putumayo y Guaviare, más al occidente y cerca de la poblada cordillera de los Andes, se encuentra el arco de deforestación. El sur del Meta y Vichada, por su parte, permiten la transición y conectividad con otras ecorregiones de Colombia, como la Orinoquía. Esa es, por lo menos, una breve categorización que hace Escucha la Amazonía, una alianza que reúne a nueve organizaciones que trabajan en este bioma.

Pese a que la región y su potente selva no están en el centro del debate de las candidaturas presidenciales actuales, más allá de algunas menciones puntuales en entrevistas o redes sociales, su realidad ofrece retos y soluciones a un próximo Gobierno.

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Amazonia habitada y gobernada

Colombia tiene una promesa desde la Constitución de 1991: ser un Estado pluriétnico y multicultural. La Amazonia es uno de los lugares en donde ese ejercicio está más avanzado. El Gobierno de Gustavo Petro formalizó las primeras ocho Entidades Territoriales Indígenas, una figura administrativa y política establecida por la Constitución y que permite a los gobiernos indígenas operar con autonomía —incluso fiscal— sus jurisdicciones, como parte de la organización del Estado. Hay otras 14 ETI en proceso de ser formalizadas.

Pese a los esfuerzos, cuenta Juan Camilo González, subdirector de la Fundación Etnollano, aún hay cierto retraso de las instituciones del Estado en cómo respetar y articularse con otras formas de gobierno. En eso, el o la próxima presidenta de Colombia tiene un reto. No solo es la articulación por sí misma, sino porque se sabe que, en los territorios indígenas, es donde hay tasas más bajas de deforestación. Tampoco, explica la alianza, se pueden olvidar otros habitantes de la Amazonia colombiana, hogar de 63 pueblos indígenas y de comunidades campesinas y afro. De hecho, en la región hay seis zonas de reserva campesina constituidas y más de nueve en solicitud.

Deforestación

Pese a esos avances en autonomía, las tendencias de pérdida de bosques fueron intermitentes durante el actual Gobierno. De lograr la cifra histórica más baja en 23 años de seguimiento durante 2023, en 2024 hubo un incremento del 43% a nivel nacional, con un 68% focalizado en la Amazonia precisamente. Las señales de lo que pasó en 2025 vuelven a apuntar a una baja, con el registro de una reducción del 25% en la Amazonia entre enero y septiembre, de acuerdo a los boletines de detección temprana del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam.

Para Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, el nuevo gobierno debería combinar el control de las economías ilegales por parte del Estado con la garantía de los derechos de quienes habitan los territorios. Contener la deforestación no puede depender únicamente de acciones militares. Para Paulo Ilich Bacca, director ambiental de Dejusticia, también implica una arquitectura de gobernanza territorial que varias sentencias han buscado impulsar y que sigue pendiente. Por ejemplo, solo 9 de los 61 municipios amazónicos han actualizado sus planes de ordenamiento territorial.

Claudia Rodríguez, de la Fundación Gaia Amazonas, se suma e insiste en que la próxima administración tendrá el desafío de implementar varias sentencias sobre la Amazonia. Resalta la de la Corte Constitucional de 2024, que aumenta las exigencias para los proyectos de créditos de carbono con, entre otras, el consentimiento previo de los pueblos indígenas que habitan los territorios en donde se van a desarrollar. El actual Gobierno ha buscado regular el mercado voluntario de carbono sin éxito. Su último chance es un proyecto de decreto que publicó el Ministerio de Ambiente esta semana y está abierto a comentarios.

Seguridad y líderes ambientales

Otro asunto que reclama atención en la Amazonia es la seguridad, una de las banderas más fuertes de la mayoría de candidatos a la presidencia. En la parte colombiana de la región, asociados a grupos y lógicas transfronterizas, se da el conflicto entre las disidencias lideradas por Iván Mordisco y los Comandos de Frontera. Con los primeros, el Gobierno ha suspendido las negociaciones de paz; con los segundos mantiene una mesa con la sombrilla que los incluye, la llamada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, pero los avances son escasos y las tensiones muchas. Es muy importante que en el ámbito de elecciones se hable de qué va a pasar con las fronteras, entendiendo que hay hasta 17 grupos criminales operando en la Amazonia, casi todos transnacionales, dice Juana Hofman, directora de Asuntos Estratégicos de ACT-Colombia. La experta resalta que el próximo Gobierno debe proteger a los pueblos en aislamiento y contacto inicial, “quienes hoy están en especial situación de vulnerabilidad frente al avance de la deforestación y de las actividades criminales.

Aunque las formas de abordarlo pueden ser distintas, Torres, de Ambiente y Sociedad, recuerda la importancia de que el próximo presidente siga aterrizando la implementación del Acuerdo de Escazú. Este Gobierno va a dejar lista una hoja de ruta para lograrlo, que se hizo junto a organizaciones de la sociedad civil, y se espera un decreto que cree una comisión encargada de hacerla efectiva.

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Transiciones energéticas y minerales

En la cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) de Bogotá, en agosto de 2025, los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana lanzaron una consigna contundente: declarar a la región como una zona de exclusión de todas las actividades extractivas, incluyendo los proyectos mineros y de hidrocarburos. El Gobierno escuchó la idea, aunque no hay certeza de cómo lograrla y qué tan blindada queda frente a un mandatario que tenga otros planes. Desde finales del año pasado, y en escenarios internacionales, el Ministerio de Ambiente ha insistido en que Colombia ya hizo la declaración, pero aún no existe una norma que lo oficialice.

Mauricio Madrigal, de WWF, señala que en todo caso persiste el desafío de enfrentar la minería ilegal, poniendo en el centro los derechos humanos y los sistemas propios de gobierno y de conocimiento de las comunidades. “Un camino es la necesaria convergencia de autoridades en clave transfronteriza y el comienzo de acciones de reparación para los pueblos afectados por el mercurio.

Torres resume lo que viene para la Amazonia colombiana: a nivel internacional, el Gobierno de Petro dio pasos interesantes en materia climática y ambiental, movió los debates y dio señales de voluntad política. Los próximos cuatro años requieren aterrizarlo en nuestra propia casa.

Para realizar este ejercicio se consultó a representantes de las organizaciones que conforman la alianza Escucha la Amazonía.

María Mónica Monsalve S. – El País de España