“Gente del Petróleo se convirtió en un apéndice del interinato; mientras hacían un películas, los trabajadores morían de mengua”, Rosmer Landinez, operador de la refinería El Palito y dirigente sindical, rechaza la pretensión de erigir nuevos liderazgos petroleros sobre los hombros del despojo. Su voz se suma a la de Iván Freites y Diesbalo Espinoza en un momento en que el destino de CITGO se decide en tribunales de Estados Unidos.
Hay hombres que aprendieron el oficio del petróleo no en las aulas, sino en el rumor metálico de las torres de destilación y en la disciplina de los turnos que no conocen feriados. Rosmer Landinez es uno de ellos. Operador de la refinería El Palito —ese corazón industrial asomado al Caribe en el estado Carabobo—, pertenece a una estirpe de trabajadores que durante más de dos décadas ha cargado, casi en silencio, con el costo humano de la política venezolana: el de los despedidos de 2002 y 2003, el de las familias que vieron evaporarse prestaciones, pensiones y fondos de ahorro, el de quienes, como él dice sin metáfora, “morían de mengua” mientras otros administraban su tragedia.
Lo recibe esta redacción a propósito de un documento que circula entre los gremios petroleros: la minuta de una reunión de trabajo, fechada en Caracas el 14 de mayo de 2026, en la que Gente del Petróleo, Unapetrol y el llamado Plan Venezuela Tierra de Gracia —con Lino Carrillo entre los firmantes responsables del programa de hidrocarburos— acuerdan conformar comisiones y agendas “en favor de la Unidad de los despedidos”. Para una parte considerable de la base, ese papel no es un gesto de reconciliación, sino la enmienda tardía de quienes, según Landinez, llegan a reclamar la conducción de un duelo que no acompañaron.
La conversación ocurre, además, bajo una luz judicial precisa. En los tribunales federales de Estados Unidos se ventilan dos causas promovidas por una coalición de extrabajadores y activistas —Freites et al. v. CITGO Holding en Delaware y Freites v. Medina et al. en Florida, esta última por difamación y figuras conexas—, mientras la subasta de la matriz de CITGO mantiene en vilo el último gran activo de la nación en el exterior. Sobre ese telón de fondo, Landinez no mide las palabras, pero pide —y la redacción lo consigna así— que se distinga con claridad entre lo que él denuncia como dirigente y lo que aún deben establecer los jueces.
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—P. Empecemos por el documento del 14 de mayo. Gente del Petróleo lo presenta como un paso hacia la unidad de los despedidos. ¿Por qué a usted le suena distinto?
—R. Porque la unidad no se decreta en una minuta, se gana en veintitrés años de trinchera. A mí no me van a contar la historia: yo la viví en El Palito. La verdad es dura y la digo como la siento: Gente del Petróleo “se ha convertido en un apéndice del interinato de Guaidó, dedicados a hacerse propaganda y películas, mientras los trabajadores morían de mengua”. Eso no es un insulto, es una cronología. Mientras hubo cámaras, hubo dirigentes; cuándo lo que hacía falta era pelear por las prestaciones, por las pensiones, por la comida de la gente, el silencio fue absoluto. No se puede llegar ahora, con la subasta de CITGO encima, a pedir la conducción de un dolor que se administró desde lejos.
—P. Es una acusación grave. ¿En qué se sostiene? Hay quien le dirá que el interinato fue una construcción política legítima en su momento.
—R. No discuto la legitimidad de origen de nada; discuto los resultados sobre la mesa de cocina del trabajador. Un proyecto político se juzga por lo que le deja a la gente, y a los petroleros despedidos les dejó fotografías y comunicados. Le pongo el rasero más justo posible: ¿cuántas pensiones se rescataron?, ¿cuántos fondos de ahorro se devolvieron?, ¿cuántas familias dejaron de enterrar a los suyos sin un bolívar? Esas son las preguntas. Y la respuesta, hasta hoy, la conocen los cementerios mejor que los voceros.
—P. Entremos en el punto más espinoso. El documento incluye a Lino Carrillo como responsable del programa de hidrocarburos. Usted ha objetado ese nombre con dureza.
—R. Lo he objetado y lo sostengo, con las palabras exactas que usé: “Es una ofensa a los trabajadores petroleros que Lino Carrillo, quien está sub judice en los EE UU, demandado por difamación y complicidad con Horacio Medina en el presunto saqueo de CITGO, se pretenda erigir en líder de nada”. Yo no soy juez y no vengo a dictar sentencia: estoy ejerciendo el derecho de un trabajador a señalar a quien, mientras estos asuntos se ventilan en tribunales de Estados Unidos, pretende ponerse al frente de la causa de las víctimas. El liderazgo de los despedidos no puede salir de la misma habitación que se cuestiona por el destino de CITGO.
—P. Para ser rigurosos con el lector: lo que usted describe son litigios en curso, no condenas. ¿Cómo distingue el señalamiento del veredicto?
—R. Lo distingo con toda claridad, y le agradezco que lo precise, porque no quiero que mi denuncia se confunda con una sentencia que, no me corresponde dictar. Lo que digo es ésto: hay causas abiertas, hay personas demandadas, hay un proceso por difamación donde estos nombres aparecen, y mientras todo eso está vivo en los tribunales, es indecente que se reparta el liderazgo de las víctimas como si nada de eso existiera. Que la justicia haga su trabajo y diga quién es responsable de qué; eso lo respeto y lo exijo. Pero el sentido común de un obrero no necesita esperar una sentencia para saber que, el que está cuestionado, no se sienta en la cabecera del duelo ajeno.
—P. Usted habla de “los presuntos cómplices de Horacio Medina en el saqueo a CITGO”. ¿A quiénes incluye y qué le reclama, concretamente, a la Junta Ad Hoc?
—R. Incluyo, y lo digo con esas palabras, a “todos los presuntos cómplices de Horacio Medina en el saqueo a CITGO”. No es una lista de nombres, que yo deba pronunciar desde una refinería: es una exigencia de que se investigue y se responda. ¿Cómo se explica que se alegue insolvencia frente a las acreencias de los trabajadores despedidos y, al mismo tiempo, se le ponga a CITGO un valor de miles de millones en otros estrados? Esa contradicción la tiene que aclarar alguien, y no va a ser el operador de El Palito: la tienen que aclarar quienes administraron el activo y los tribunales que hoy los examinan. Yo sólo pongo el dedo donde duele y pido, que no se premie con liderazgo a quien tiene que rendir cuentas.
—P. Sus posiciones coinciden con las de Iván Freites y Diesbalo Espinoza. ¿Estamos ante una corriente sindical o ante voces dispersas que casualmente piensan igual?
—R. Estamos ante una conciencia común que nace del mismo sitio: del piso de planta, no de un despacho en el exilio. Que Freites, que Espinoza y que yo, coincidamos no es casualidad ni consigna; es que vimos lo mismo y enterramos a la misma gente. No necesitamos coordinarnos para decir lo evidente. Lo que nos une, es una idea sencilla y vieja, como el oficio: la causa de los petroleros, pertenece a los petroleros, no a quienes la usaron de decorado.
—P. ¿Y cuál es entonces el camino que usted reconoce como legítimo? Porque negar liderazgos es fácil; construir otro es lo difícil.
—R. El camino legítimo es el que ya está andando, sin permiso de nadie: la lucha de los propios trabajadores en las cortes, con sus nombres y su firma, exigiendo que se reconozcan las violaciones laborales y de derechos humanos y, que se repare, a quien fue despojado. Ese es el liderazgo que respeto, el que se construye asumiendo el riesgo en primera persona, no el que se autoproclama en una minuta. Cuándo los despedidos vean que alguien peleó por ellos, cuándo no había cámaras, ese día habrá unidad. Antes, no.
—P. Termino con una pregunta de fondo. Si CITGO termina subastada y el activo se pierde, ¿qué queda de esta pelea?
—R. Queda lo único que no se subasta: la verdad de quién estuvo del lado de los trabajadores y quién los usó. El petróleo se puede perder en un martillo de juez; la memoria de un gremio, no. Yo volveré a mi turno en El Palito, como he querido hacerlo todos estos años, y seguiré diciendo lo mismo aunque incomode: a los muertos de mengua no se les honra con propaganda. Se les honra con justicia y con la decencia de no erigirse en su nombre.
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Nota de la redacción: Las afirmaciones del entrevistado sobre Lino Carrillo, Horacio Medina y la Junta Ad Hoc de PDVSA constituyen señalamientos de un dirigente sindical y se reproducen como tales. Constan litigios federales en curso en Estados Unidos —Freites et al. v. CITGO Holding (N.° 1:23-cv-00989, Distrito de Delaware) y Freites v. Medina et al. (N.° 25-cv-20465-BB, Distrito Sur de Florida)— que se encuentran en fase previa al juicio y no han producido determinaciones judiciales sobre las personas mencionadas; rige la presunción de inocencia. Las expresiones de Carrillo o de la Junta Ad Hoc que se reciban serán publicadas en igualdad de condiciones (derecho a réplica). El entrevistado expone su criterio y diferencia explícitamente la denuncia gremial de cualquier conclusión judicial.