El Departamento de Justicia de EE.UU. ha revisado su acusación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, abandonando la controvertida afirmación de que lideraba una organización criminal conocida como el ‘Cartel de los Soles’.
Esta decisión, anunciada tras la captura de Maduro, representa no solo un ajuste legal, sino un reconocimiento implícito de que la narrativa promovida por la administración de Donald Trump podría haber sido exagerada con fines políticos.
Mientras Maduro enfrenta ahora cargos por conspiración en tráfico de drogas en el Distrito Sur de Nueva York, este episodio arroja luz sobre cómo la retórica antiterrorista se entreteje con estrategias geopolíticas, y plantea preguntas sobre la credibilidad de las designaciones de organizaciones terroristas por parte de Washington.
Para entender el contexto, es necesario retroceder a la década de 1990, cuando los medios venezolanos acuñaron el término ‘Cartel de los Soles’ para describir la corrupción endémica en las fuerzas armadas del país.
El nombre alude a las insignias solares en los uniformes de los altos mandos militares, simbolizando cómo el dinero del narcotráfico permeaba las estructuras de poder. Expertos como Elizabeth Dickinson del International Crisis Group han enfatizado que no se trata de un cartel estructurado como el de Sinaloa o el de Cali, sino de un sistema de patronazgo informal donde funcionarios corruptos facilitan el paso de drogas a cambio de sobornos.
Esta ‘cultura de corrupción’, como la describe la nueva acusación, fue perpetuada bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes, según los fiscales, protegieron a narcotraficantes para consolidar lealtades y financiar operaciones políticas.
La acusación original de 2020, redactada bajo la supervisión de Emil Bove III —quien luego tuvo un rol clave en la segunda administración Trump—, pintaba un panorama más sensacionalista.
¿Qué es el Cartel de los Soles?
Se alegaba que el ‘Cartel de los Soles’ era una entidad organizada que armaba a grupos como las FARC en Colombia y buscaba ‘inundar’ EE.UU. con cocaína como arma geopolítica.
Esta narrativa sirvió de base para designaciones terroristas por parte del Tesoro y el Estado en 2025, facilitando sanciones y justificando intervenciones.
Sin embargo, informes como la Evaluación Anual de Amenazas de Drogas de la DEA o el Informe Mundial sobre Drogas de la ONU nunca mencionaron al ‘Cartel’ como una organización formal, lo que subraya la discrepancia entre la retórica política y la evidencia de inteligencia.
La captura de Maduro en noviembre de 2025, orquestada por fuerzas especiales estadounidenses en una operación que recordó las intervenciones en Panamá contra Noriega, marcó el clímax de esta saga.
Fuentes cercanas a la Casa Blanca indican que la revisión de la acusación fue necesaria para fortalecer el caso en corte, donde pruebas concretas son imprescindibles.
«Las designaciones terroristas no requieren juicio, pero un proceso legal sí», explicó Dickinson, destacando cómo la política exterior de Trump priorizó la presión sobre la veracidad.
Conexión débil con el Tren de Aragua
Marco Rubio, en su rol dual como secretario de Estado y asesor de seguridad, ha mantenido la línea dura, refiriéndose al ‘Cartel’ en entrevistas recientes como una amenaza real, incluso amenazando con ataques a barcos de drogas.
Esto sugiere que, pese al retroceso legal, la narrativa persiste para justificar políticas agresivas contra regímenes adversarios.
Otro aspecto controvertido de la acusación revisada es la inclusión de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, líder de la pandilla Tren de Aragua, como co-conspirador.
Esta banda, originaria de prisiones venezolanas, ha expandido su influencia a países como Colombia, Perú y Chile, involucrándose en extorsión, trata de personas y tráfico de drogas menores.
Sin embargo, la conexión con Maduro es débil: se basa en llamadas interceptadas en 2019 donde Guerrero ofrecía protección a envíos.
La retórica de Trump
Jeremy McDermott de InSight Crime califica esto como «reflejo de la retórica de Trump», quien el año pasado acusó a Maduro de dirigir la pandilla, contrariando informes de inteligencia que indican autonomía criminal.
Análisis de InSight Crime revelan que Tren de Aragua no controla rutas mayores de cocaína, sino que opera en nichos locales, lo que hace la acusación más política que factual.
En el ámbito regional, esto refuerza la percepción de que Washington usa el narcotráfico como pretexto para intervenciones, similar a casos históricos como la invasión de Granada o la guerra contra las drogas en México.
En el plano doméstico estadounidense, el episodio resalta tensiones en la administración Trump. Bove, ahora juez federal, enfrentó críticas por despidos masivos y decisiones controvertidas, como el archivo de cargos contra Eric Adams.
En resumen, el abandono de la afirmación sobre el ‘Cartel de los Soles’ no solo corrige un error factual, sino que expone cómo la geopolítica moldea narrativas de seguridad.
EFE