La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, apunta a desarticular lo que Washington considera una pieza clave del despliegue de tecnología militar iraní en territorio venezolano.Los investigadores estiman que Venezuela habría canalizado cerca de 7.800 millones de dólares hacia Irán mediante estas maniobras. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.
Estados Unidos intensificó su ofensiva contra la cooperación militar entre Venezuela e Irán al sancionar una red vinculada a la adquisición, ensamblaje y mantenimiento de drones de combate de diseño iraní utilizados por las Fuerzas Armadas venezolanas.
La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, apunta a desarticular lo que Washington considera una pieza clave del despliegue de tecnología militar iraní en territorio venezolano, según informó ABC de España.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el programa sancionado operaba a través de instalaciones militares específicas, incluidas bases aéreas donde se realizaban tareas de ensamblaje parcial y mantenimiento de aeronaves no tripuladas. La red logística habría sido diseñada para ocultar el origen iraní de la tecnología, permitiendo a Teherán evadir sanciones internacionales y ampliar su proyección militar en el continente americano.
El Tesoro sostiene que esta infraestructura no solo ha fortalecido las capacidades militares del gobierno de Nicolás Maduro, sino que también representa una amenaza directa para la seguridad regional y los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Drones Mohajer ensamblados en Venezuela
Los drones implicados pertenecen a la familia iraní Mohajer, en particular los modelos Mohajer-2 y Mohajer-6, que habrían sido ensamblados en Venezuela y rebautizados localmente como la serie ANSU. Se trata de sistemas de uso militar con capacidades de vigilancia, reconocimiento e inteligencia, y en el caso del Mohajer-6, también de ataque.
Estos aparatos pueden portar armamento guiado de diseño iraní, como bombas aire-tierra Qaem, y cuentan con mayor alcance y autonomía que los drones utilizados previamente por Venezuela. Según Washington, el objetivo del programa era dotar a las Fuerzas Armadas venezolanas de una capacidad autónoma de drones armados y reducir su dependencia de proveedores tradicionales, al tiempo que se establecía una línea de producción local sostenible.
Estados Unidos considera que el proyecto ofrecía a Irán una plataforma avanzada para probar, ensamblar y desplegar tecnología militar en el continente americano, así como para entrenar personal local y consolidar una presencia industrial encubierta al margen de las sanciones internacionales.
Desde hace varios años, analistas de defensa han documentado la presencia de drones de fabricación iraní o ensamblados localmente en Venezuela. Las autoridades chavistas los han exhibido en actos oficiales y demostraciones militares, y su despliegue ha sido identificado en bases aéreas estratégicas, incluida la base aérea El Libertador, una de las principales instalaciones de la aviación militar del país.
Aunque no existe evidencia pública de su uso en campañas ofensivas de gran escala, estos sistemas han sido empleados para tareas de vigilancia, patrullaje fronterizo y reconocimiento en zonas interiores, lo que ha generado preocupación en Washington y entre sus aliados por el salto cualitativo en las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas venezolanas.
El rol de Irán y las sanciones
Las sanciones alcanzan tanto a la estructura venezolana que opera los drones como a la red iraní que suministra tecnología y componentes sensibles. En Venezuela, el Tesoro señaló a la Empresa Aeronáutica Nacional SA, compañía estatal responsable del ensamblaje y mantenimiento de los drones, y a su presidente, José Jesús Urdaneta González, por coordinar directamente con militares venezolanos e iraníes la producción local de estos sistemas.
En Irán, las medidas apuntan a empresas y directivos del complejo militar-industrial, en especial Qods Aviation Industries, fabricante de los drones Mohajer, así como a intermediarios implicados en la exportación de componentes y en la venta de equipos por millones de dólares a Caracas. Washington sostiene que estos actores han brindado apoyo material, tecnológico y financiero a programas de drones y misiles balísticos iraníes, en violación de sanciones de la ONU y de órdenes ejecutivas estadounidenses.
La Casa Blanca subrayó que el fortalecimiento de la cooperación militar con Irán refleja la creciente dependencia de Nicolás Maduro de Teherán en un contexto de debilitamiento de otros aliados estratégicos. Según la administración estadounidense, Rusia ha reducido de forma significativa su capacidad de apoyo efectivo a Caracas, lo que ha abierto espacio para que Irán asuma un rol central como proveedor de respaldo militar y tecnológico.
La escalada se produce en un momento de máxima tensión entre Washington y Caracas, tras un ataque con drones atribuido a la CIA contra instalaciones estratégicas vinculadas al narcotráfico en Venezuela, una operación que Estados Unidos confirmó oficialmente. Maduro aseguró que el país se defenderá ante cualquier agresión, mientras ordenó reforzar la defensa aérea.
Desde Washington, Donald Trump respondió con una advertencia directa al líder chavista, instándolo a abandonar el poder y advirtiendo de consecuencias mayores si el gobierno opta por una escalada. El cruce de amenazas sitúa la confrontación en un umbral inédito desde el punto de vista militar y político.
El uso de drones como factor de seguridad marcó un punto de inflexión para el chavismo tras el atentado de agosto de 2018 contra Maduro durante un acto militar en Caracas. Desde entonces, el régimen ha utilizado la amenaza de ataques con drones como parte central de su narrativa de asedio externo, justificando el endurecimiento del aparato represivo y una mayor dependencia de aliados como Irán en materia de defensa y tecnología.
ABC de España