El Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela publicó su nuevo informe, “Voces Silenciadas: El Colapso de la Sociedad Civil y el Fracaso de la Disuasión Internacional en Venezuela”, en el marco de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. El documento ofrece uno de los análisis más detallados hasta la fecha sobre la creciente crisis de derechos humanos en Venezuela, describiendo cómo la represión orquestada por el Estado no sólo ha persistido, sino que se ha intensificado entre 2014 y 2025, a pesar del proceso en curso que desarrolla la CPI.
Panel de Expertos Independientes publica nuevo informe sobre Venezuela durante la Asamblea de Estados Parte de la CPI.
Según el informe, las autoridades venezolanas ampliaron y perfeccionaron un sistema de violencia sistemática que incluye tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. El Panel examinó cifras de documentación desde 2014, registrando un total de 1.634 casos de tortura, la mayoría ocurridos después de que la CPI iniciara formalmente su involucramiento, también registró 116 desapariciones forzadas, de las cuales dos tercios se produjeron mientras el examen preliminar o la investigación de la Corte estaba en curso. En total, se han registrado 18.582 detenciones arbitrarias desde 2014, incluyendo más de 2.200 arrestos en un período de nueve días durante la represión postelectoral del año 2024. Datos combinados del Estado y de la sociedad civil indican además al menos 16.808 presuntas ejecuciones extrajudiciales en la última década, “este informe demuestra, con evidencia irrefutable, que la represión en Venezuela no solo persiste: se ha vuelto más estructurado y letal. La ausencia de consecuencias reales ha permitido que los perpetradores actúen con total impunidad. Es urgente que la comunidad internacional asuma que miles de víctimas no pueden esperar más”, afirmó Rodrigo Diamanti, Secretario del Panel de Expertos Independientes.
Aunque actualmente se reportan menos casos de forma pública, el Panel advierte que esto no refleja un avance, sino más bien una dramática “desaparición estadística” causada por el colapso de la sociedad civil en Venezuela. La caída abrupta en el número de denuncias no es una señal de mejora; es el reflejo de un país donde las víctimas ya no tienen a quién acudir y temen hablar ante la ola represiva que enfrentan. El desmantelamiento de la sociedad civil ha generado un silenciamiento forzado que constituye, en sí mismo, una forma de violencia. Por eso es imprescindible actuar ahora: cada día que pasa, más voces son silenciadas, alertó Joanna Frivet, miembro del panel de expertos.
Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela han sido sistemáticamente desmanteladas mediante persecución legal, allanamientos, vigilancia digital, intimidación y exilio forzado. La adopción de la “ley anti-ONG” en el año 2024, junto con la criminalización de la cooperación internacional y amenazas directas a trabajadores humanitarios, ha limitado de manera drástica la capacidad de los grupos independientes para documentar abusos. Como resultado, las víctimas permanecen cada vez más en silencio, a menudo debido a la coerción, el miedo a represalias o la ausencia de organizaciones seguras capaces de recibir sus denuncias.
El Panel identifica 2024 y 2025 como los años más violentos del período analizado, operativos como “Furia Bolivariana” y “Operación Tun-Tun” generaron la mayor ola de detenciones políticas en más de una década. El informe también señala el asesinato de al menos 28 manifestantes en el contexto postelectoral y un aumento alarmante en el uso de tortura, que incluye asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, golpizas severas y aislamiento prolongado. Además, el Panel documenta la extensión de la represión estatal más allá de las fronteras venezolanas, incluyendo ataques e intimidación dirigidos a defensores de derechos humanos venezolanos en países vecinos.
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