El 31 de octubre de 2025, Iván Freites, Diesbalo Espinoza y Enoc Nava enviaron una carta de demanda formal contra PDVSA, CITGO, la Junta Ad-Hoc, el CAPA, Yon Goicoechea y Gustavo Marcano. Acusan a los demandados de violar derechos humanos y de operar una red criminal PDVSA-CITGO responsable de persecución política, lavado de dinero y represión transnacional. La acción busca justicia para unos 28.000 ex empleados, despedidos, encarcelados, robados y torturados desde 2002-2003 hasta 2025. Se exige un acuerdo en 15 días: compensación económica, fondo para víctimas y retractarse en forma pública; de no cumplirse, presentarán una demanda en EE. UU. bajo las leyes ATS y RICO.
