Hemos visto cómo las bandas criminales han penetrado, de una u otra manera, estamentos tradicionales de la política en países vecinos como Ecuador, Colombia o Venezuela.
El 78% de peruanos piensa que es bastante probable que las economías criminales, como el narcotráfico, minería ilegal, extorsión y similares, utilicen el dinero ilícito que acopian para influir en las elecciones 2026.
Las cifras arrojadas por una encuesta de Ipsos para el cuarto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP son significativamente preocupantes en el contexto de las próximas presidenciales.
El 78% de peruanos piensa que es bastante probable que las economías criminales, como el narcotráfico, minería ilegal, extorsión y similares, utilicen el dinero ilícito que acopian para influir en las elecciones 2026.
La percepción de la ciudadanía tiene asidero, pues en los últimos años hemos sido testigos de cómo desde el propio Congreso de la República –y a menudo en contubernio con Palacio de Gobierno– se busca favorecer una serie de actividades nada lícitas: minería depredadora, transportistas sin registro, universidades bamba, tala indiscriminada, crimen organizado, entre otras actividades claramente fuera de la ley. Hechos que, como pone en evidencia esta encuesta, no se le escapan a la ciudadanía.
El propósito (de estas economías ilegales) es capturar cuotas de poder para influir en la elaboración de normas y procesos que tienen que ver con sus intereses. Y no es difícil imaginarlo, sobre todo, por la gran dispersión de partidos que están entrando en la contienda electoral. Hablamos de 39 organizaciones políticas que, según el Jurado Nacional Electoral, concentran 10,257 candidatos para llenar planchas presidenciales, Senado, diputados, Parlamento Andino, explicó Ricardo Valdés, gerente general de Capital Humano y Social S.A.
Y no menos alarmante es que un 67% de peruanos afirme que es bastante probable que en el país se presenten actos de violencia o intimidación contra candidatos durante la próxima campaña electoral. No es necesario ser agorero o tremendista para sugerir que se evalúe con cuidado esta alerta.
Hemos visto cómo las bandas criminales han penetrado, de una u otra manera, estamentos tradicionales de la política en países vecinos como Ecuador, Colombia o Venezuela. Y si en el Perú, como es sabido, tenemos un problema serio de delincuencia callejera, extorsión y crimen organizado, convendría tomar medidas para que los métodos a que suelen recurrir los poderes ilegales no capturen el escenario a medida que avanza el cronograma electoral.
Las autoridades deben estar doblemente atentas para prever y poder evitar que estos intereses distorsionen el debate político, con el consiguiente daño a nuestra democracia y nuestro futuro.
Editorial Perú21
Dina Boluarte elude responsabilidad de la inseguridad ciudadana
La presidenta de Perú, minimizó protesta de los transportistas: Un paro de 48 horas no va a solucionar el crimen organizado.
La presidenta Dina Boluarte se refirió al paro de transportistas, quienes se manifiestan contra el Gobierno por mayores medidas en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Además, la jefa de Estado anunció que evaluarán poner en estado de emergencia el transporte público.
La presidenta Dina Boluarte se refirió al paro de transportistas que se lleva a cabo este jueves 2 de octubre en Lima y Callao. Los conductores realizan esta manifestación con la finalidad de exigir mayores acciones en la lucha contra la inseguridad ciudadana. En ese sentido, la jefa de Estado minimizó las protestas al indicar que, debido a sus manifestaciones y alto a sus actividades, de 24 o 48 horas, no se va a solucionar el tema de la criminalidad en el Perú.
Señores transportistas, depongamos estas medidas de fuerza y podamos conversar, de manera directa y lleguemos a cosas concretas, porque con un paro de 24 o 48 horas, o más, en ese tiempo no se va a solucionar el tema de la delincuencia o crimen organizado. Tenemos que ser reales y objetivos, dijo.
Llamo a la reflexión a nuestros transportistas. Quienes se perjudican más en hacer un paro son ustedes porque dejan de generar ingresos y, como segunda consecuencia, es que los trabajadores que se movilizan a través de sus buses llegan seguramente horas más tarde al trabajo, manifestó.
Por otro lado, Boluarte instó a los transportistas a la reflexión con la finalidad de analizar las estrategias de cómo podemos atacar de manera más cercana a los extorsionadores. En ese sentido, la mandataria mencionó entre sus propuestas colocar a los efectivos de la PNP en los paraderos, comprar cámaras de seguridad, etc. Además, acotó que el Gobierno se encuentra evaluando declarar en estado de emergencia el transporte público con la finalidad de apresurar la adquisición de los equipos tecnológicos. Estamos viendo la modalidad de declarar en estado de emergencia el sistema de transporte para así, de esa manera, se pueda comprar de manera directa las cámaras, comentó.
El Gobierno elude su responsabilidad de la inseguridad ciudadana
En su mismo discurso desde Palacio de Gobierno, la presidenta Boluarte evitó asumir la responsabilidad de la delincuencia en el Perú. En ese sentido, aseguró que dicho problema viene de atrás, haciendo alusión a gestiones anteriores a su mandato.
Este problema de la delincuencia y el crimen organizado no lo ha generado la presidenta Boluarte, el Ejecutivo, el Congreso o Poder Judicial, viene de atrás. Y esto se ha ido incrementando porque ahora son organizaciones criminales transnacionales, migran de país en país, se organizan desde afuera y atacan, no es la excepción el Perú, señaló.
Igual situación o peor están pasando otros países. Pero no por eso estamos diciendo como Gobierno ‘no vamos a atender’. Así que, los invito a ese diálogo sincero, depongamos las medidas de fuerza, que se restablezca el servicio de transporte y ustedes no se perjudiquen económicamente y los peruanos que hacen uso de su medio de transporte puedan llegar al trabajo, acotó.
La República de Perú