Hoy, en las refinerías de Amuay y Cardón, se presentaron Diosdado Cabello y el gobernador de Falcón, Víctor Clark, vestidos con ropajes militares y portando fusiles, reuniendo a los trabajadores de las plantas. Allí, bajo amenaza, les ordenaron tomar las armas “para la defensa de la soberanía nacional”.
De igual forma, en Cumaná y Ciudad Caribia, otros miembros del cártel de los soles repitieron la escena, imponiendo la misma consigna: obligar al pueblo y a los trabajadores a luchar por la vida de Nicolás Maduro y la permanencia del propio cartel en el poder.
Estas acciones constituyen un crimen de lesa humanidad. El régimen pretende usar como escudos humanos a los trabajadores petroleros y al pueblo humilde, bajo un régimen de amenazas que va desde el despido inmediato de sus trabajos hasta la retirada de la bolsa de comida con la que chantajean a las familias más vulnerables.
No se trata de defensa de soberanía, sino de terrorismo de Estado. Aterran a las comunidades para garantizar la supervivencia de una cúpula criminal. Denunciamos ante el país y el mundo que esta estrategia viola derechos fundamentales, siembra el miedo y pone en riesgo la vida de miles de venezolanos que no pueden negarse porque sobre ellos pesa la amenaza directa contra sus familias.