En 2011, Hugo Chávez expropió a la canadiense Crystallex la mina de oro Las Cristinas sin indemnización. La empresa demandó a Venezuela bajo el tratado bilateral de inversiones y, en 2016, obtuvo un laudo por más de 1.4 millardos de dólares. Hoy busca cobrarlo mediante la venta forzada de CITGO en EE. UU.
En 2019, José Ignacio Hernández, exasesor de Crystallex en la tesis del alter ego de PDVSA, fue designado procurador especial del “gobierno interino” de Juan Guaidó. Esa misma tesis permitió que la Corte de Delaware autorizara el embargo de CITGO.
Su actuación generó acusaciones de conflicto de interés y críticas por no revertir el alter ego, facilitando el camino para que Crystallex y otros acreedores se beneficiaran. Hoy, Crystallex encabeza la subasta y se perfila para quedarse con la mayor parte del pago.
Iván Freites Chirino
Secretario General del SUTPGEF
Secretario de Profesionales y Técnicos de la FUTPV