MIAMI, FL – 30 de julio de 2025 – Los disidentes venezolanos Iván Freites, Miguel Otero y Jorge Rodríguez han presentado una moción urgente ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, solicitando la anulación de una sentencia previa y la reapertura de su caso contra Horacio Medina, presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA, y otros demandados. La moción alega que el fallo fue obtenido mediante fraude y mala conducta procesal, y presenta como prueba una serie de admisiones públicas hechas por los propios demandados después de que el caso fuera desestimado.
El pasado 16 de mayo, el tribunal desestimó las reclamaciones federales de los demandantes, que incluían cargos de crimen organizado (RICO), al considerar que las acusaciones sobre una “campaña coordinada y maliciosa” de intimidación y difamación carecían de suficiente especificidad.
Sin embargo, según la moción, menos de dos meses después de obtener la victoria legal, los demandados lanzaron una “ofensiva mediática y judicial” que confirma todo lo que habían negado. El eje de esta campaña ha sido la promocion de un documental titulado “Salvemos a CITGO”, financiado por la Junta Ad Hoc de PDVSA y dirigido por el demandado Thaelman Urgelles y su empresa Altamira Cinema Corp. En una entrevista junto a la otra directiva de la empresa, Urgelles admitió que los preparativos del documental comenzaron en enero de 2024, precisamente cuando los abogados de los demandados argumentaban ante el tribunal que no existía tal campaña coordinada.
La moción detalla cómo los demandados utilizaron la promoción del documental para intensificar sus ataques. En declaraciones públicas, Urgelles calificó a los tres demandantes de “terroristas judiciales” ademas de otras acusaciones sin base similares y acusó a Freites de ser un “falso opositor” y “esquirol” (rompehuelgas) cercano a los regímenes de Chávez y Maduro. Por su parte, Yon Goicoechea, miembro de la estructura de la PDVSA Ad Hoc, acusó a los demandantes de “chantaje” por haber presentado la demanda y señaló a Otero de actuar contra los intereses de Venezuela, un delito grave bajo la ley venezolana.
“La justicia fue denegada porque los demandados ocultaron la verdad”, declararon conjuntamente los demandantes. “Ahora, con sus propias palabras, han confesado su campaña coordinada de intimidación. Estas no son simples difamaciones; son actos de obstrucción a la justicia federal. Confiamos en que el tribunal verá este fraude y nos permitirá presentar nuestro caso sobre un expediente veraz y completo”.
La moción argumenta que estas admisiones post-sentencia constituyen “evidencia recién descubierta” que no solo prueba que los demandados mintieron al tribunal, sino que también subsana directamente las deficiencias que el juez encontró en la demanda original. Los demandantes han solicitado una audiencia probatoria expedita, alegando que la campaña de ataques en su contra continúa, causándoles un daño irreparable a su seguridad y reputación.
Iván Freites, Miguel Otero y Jorge Rodríguez son disidentes venezolanos involucrados en la denuncia de corrupción relacionada con activos del estado venezolano.