La jueza Sandra Heredia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ha sido declarado culpable este lunes en el juicio penal en su contra por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia ha dictado la sentencia y ha señalado que el político de 73 años le pidió a su abogado, Diego Cadena, ofrecer beneficios a distintas personas, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que dieran testimonios a su favor y en contra del congresista de izquierdas Iván Cepeda. “Álvaro Uribe Vélez sabía de lo ilícito de su actuar”, ha dicho al final de su fallo, contra el argumento del exmandatario de que su abogado actuó sin saber lo que él hacía. El veredicto es en primera instancia y hay lugar a apelación.
Con la decisión se vive un día histórico, pues es la primera vez en la historia moderna de Colombia que un expresidente es condenado, una señal de que ni siquiera los más poderosos del país están por encima de la ley. El viernes en la tarde (hora colombiana, en la madrugada en España) se conocerá la sentencia, que contempla penas de hasta nueve años de cárcel, y se abre la posibilidad de que el expresidente cumpla condena en arresto domiciliario.
La audiencia inició con unas palabras de Heredia sobre la justicia. “La justicia ha llegado como debe ser: serena, reflexiva y sin presiones”, ha manifestado la jueza Heredia antes de leer el veredicto. “Este juicio no es un juicio contra la historia política, no es una revancha. Es un acto de justicia y solo de justicia”, ha agregado. Además, ha resaltado la separación entre justicia y política: “Pedimos respeto. Pedimos sensatez. Pedimos que este momento sea entendido con la madurez que merece”.
Las palabras de Heredia no son aleatorias: tanto el expresidente como sus aliados políticos han alegado que las pruebas en su contra no son concluyentes y que, por tanto, una sentencia condenatoria corresponde a un lawfare. “Ninguna persona puede ser condenada en contra de las evidencias que muestran su inocencia”, manifestó Jaime Granados, abogado defensor, en una entrevista con este diario.
La jueza tomó la palabra durante casi todo el día para explicar su decisión y comenzó tumbando uno a uno los argumentos de la defensa de expresidente. Defendió una conversación grabada por Juan Guillermo Monsalve, testigo clave contra Uribe, con un reloj espía, argumentando que era falso que la grabación estuviera modificada. Avaló interceptaciones incriminatorias que hizo por equivocación la Corte Suprema a Uribe, a principios de la investigación de ese tribunal. Y respaldó a Monsalve como una persona creíble, y, por el contrario, desestimó la credibilidad de los testigos que llevó la defensa por sus contradicciones. El expresidente solo fue absuelto de un tercer delito, de soborno simple.
“Hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia”, dijo el senador de izquierdas, Iván Cepeda, al terminar el día. “(La jueza Heredia) ha hecho valer, tal vez por primera vez en nuestra vida republicana, el principio de que nadie puede impunemente mancillar la ley y las instituciones, un principio fundamental de la democracia que hasta hoy exceptuaba a los máximos responsables del Estado”, añadió Cepeda. También hizo un llamado a respetar la justicia, y a la unidad de distintos sectores políticos y económicos para confesar sus crímenes y reparar a las víctimas de la guerra: “Si el expresidente condenado hoy decide transitar ese camino, nosotros también lo estaremos”.
El juicio penal comenzó el pasado febrero tras casi 13 años de intentos por parte de la defensa de Uribe para que el caso fuera archivado. Aunque la Fiscalía apoyó esta postura durante varios años, cuando estaba bajo el mando de Francisco Barbosa —un aliado político de Uribe—, la justicia negó la solicitud en diversas ocasiones. Con la llegada de Luz Adriana Camargo al Ministerio Público, en marzo de 2024, el enfoque de la entidad dio un giro radical y acusó en mayo del año pasado al exmandatario de idear y respaldar “una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar las retractaciones de testigos clave”.
Vínculos con los paramilitares
El origen del caso se remonta a 2012, cuando el senador Iván Cepeda acusó a Uribe de tener vínculos con los paramilitares. Lo hizo ante el Congreso de la República y con el apoyo de los testimonios que recabó de varios exparamilitares. El testigo clave que sustentó esa denuncia es Juan Guillermo Monsalve, el hijo del capataz de la Hacienda Guacharacas, una propiedad de la familia del expresidente. Según Monsalve, Uribe y su hermano Santiago fundaron y financiaron el Bloque Metro, una facción paramilitar que operaba en esa residencia rural ubicada en el departamento de Antioquia.
El veredicto no entra a dirimir sobre si la denuncia que hizo Cepeda es cierta o no. El núcleo del juicio se centraba en decidir si el expresidente utilizó su influencia para intentar que los testigos como Monsalve cambiasen su versión y se pusiesen en contra del senador. En febrero de 2018, el abogado de Uribe, Diego Cadena, visitó a Monsalve en la cárcel y le ofreció beneficios judiciales a cambio de que retractase su testimonio. Esa fue la conversación grabada por el reloj espía que llevaba el reo.
Ante los hechos, la Corte Suprema de Justicia suspendió la investigación contra Cepeda, denunciado por Uribe por sus acusaciones, y abrió en 2018 un expediente contra el exmandatario por supuesto soborno a testigos. Los magistrados ordenaron en agosto de 2020 su detención domiciliaria por “posibles riesgos de obstrucción a la justicia”. Al verse acorralado, Uribe —en ese momento senador— renunció a su escaño en el Congreso para que la Corte perdiera el fuero para investigarlo. Desde entonces, el caso quedó en manos de la justicia ordinaria. El fallo será apelado, según anunció el partido fundado por el expresidente. El Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir si mantiene la sentencia. Y anticipan que, si la resolución de esta alta corte no satisface su postura, “también se acudirá a otras instancias como la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia”.
Implicaciones políticas
Las consecuencias de la decisión no son solo jurídicas, sino también políticas. Para quienes han apoyado al expresidente por décadas, inicia ahora una campaña para argumentar que el fallo fue político, y para el Centro Democrático, se abre el gran reto de reinventar su trayecto a las legislativas y presidenciales del próximo año, con su líder condenado por la justicia. Para la izquierda, enemiga natural del expresidente de derechas, la sentencia también puede representar una oportunidad. El rumor en Bogotá es que la víctima principal del proceso, el senador Cepeda, se lanzará como candidato presidencial, aupado por ser el hombre que sentó a Uribe al banquillo de los acusados.
Pero luego hay una pregunta más grande sobre qué significa esta condena para la historia de Uribe, el presidente más popular del país en las últimas décadas, con una opinión favorable que siempre rondaba el 70%. Se hizo popular por su mano dura, regresando la sensación de seguridad a millones de colombianos, pero su Gobierno también fue señalado de graves violaciones a los derechos humanos. Entre los crímenes que se le achacan están el espionaje a jueces y miembros de la oposición y las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes ciudadanos, disfrazados como guerrilleros muertos en combate. Las víctimas de esos crímenes hoy ven que ha llegado la justicia, si bien fue en un caso muy distinto al que denunciaron contra el exmandatario.
La cercanía de Uribe con el paramilitarismo siempre ha sido un fantasma en su carrera política y, como dijo este lunes la jueza, este fallo no zanja la discusión. Lo que sí determina es que el expresidente buscó callar a esos testigos que, como Monsalve, querían denunciar que él y su familia estuvieron muy cerca de grupos paramilitares. La pelea de Uribe probablemente llegará hasta la Corte Suprema de Justicia, la instancia final. Al camino, que ya supera los 13 años, aún le falta un trayecto.
Yolanda Ruiz: Uribe, la justicia y la política
La noticia divide a un país ya dividido. Polariza más, impacta la política y genera todo tipo de emociones. La justicia declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ante un fallo judicial no queda camino distinto a respetar y acatar. Se puede aplaudir o controvertir en el marco de los debates políticos, pero defender la autonomía judicial como principio es importante en una democracia. La decisión es una de las más importantes en la historia del derecho penal en Colombia y la pregunta es cómo puede afectar la realidad política de un país que está ya metido en un año electoral.
En materia judicial el caso no termina todavía porque la defensa había anunciado que habría apelación si el fallo era adverso. Mientras tanto, en la contienda política crece la batalla adobada por el fallo en contra del expresidente. Se escribe este comentario en caliente cuando se acaba de conocer el extenso fallo de la juez Sandra Heredia, cuando en la calle y en el mundo virtual se siente la tensión por las protestas de los seguidores del expresidente y la celebración de sus detractores. Unos y otros tenían un veredicto antes de que se presentara la primera prueba. No es fácil entonces que los seguidores fieles del expresidente cambien su postura ante una condena y pueden incluso radicalizarse más. Levantar a Uribe como mártir de una persecución política parece ser el camino a seguir, a juzgar por las primeras reacciones de los uribistas. No está claro si la estrategia de victimización puede convertirse en nuevo capital político real. Desde la izquierda celebran el fallo y consideran que va más allá de la manipulación de testigos y que es una reivindicación para las víctimas de hechos por los cuales no ha sido procesado el expresidente Uribe.
Con el fallo no hay duda de que hoy pierde la derecha y gana la izquierda, pero falta decantar el impacto de la noticia, saber cómo se van a alinear los muchos candidatos, cómo se paran frente al fallo los ciudadanos que no tienen partido, cómo se van a reorganizar los estrategas políticos, para entender si esta decisión es un golpe definitivo para el expresidente Uribe o, por el contrario, si lo catapulta de nuevo al centro de las movidas. No debemos olvidar que no existen los muertos políticos y que toda situación por adversa que sea se puede revertir.
Mientras las aguas se calman vale la pena hablar del reto inmenso que tuvo la juez Sandra Heredia. En medio de los reflectores de medios y redes, de la polarización política, de una una campaña en curso, la juez enfrentó uno de los mayores desafíos en la historia del derecho en Colombia: sentar en el banquillo de los acusados a un expresidente, y no a cualquiera sino a Álvaro Uribe Vélez, uno de los líderes políticos más importantes de las últimas décadas en el país. El reto era impartir justicia en medio de las más duras presiones de dos bandos en contienda. Era imposible dejar satisfechos a todos y por eso llueven críticas y amenazas contra la juez. Es obligación del Estado protegerla y garantizar su seguridad. Es obligación del Estado también seguir garantizando el debido proceso y llevar a término un caso emblemático.
Al comenzar la lectura del fallo la juez Heredia hizo una defensa de la independencia de la justicia y una declaración de principios en la que recordó que todas las personas están sometidas a la ley: “El derecho no se arrodilla ante el poder”, dijo en un emotivo pronunciamiento en el que también aseguró que la decisión se toma después de un juicio respetuoso del debido proceso. Habló de las presiones, de las dificultades enfrentadas porque en este caso son mujeres las que han estado al frente de la decisión judicial y eso ha significado ataques machistas. Algunos han criticado esa manifestación de la juez al decir que se introdujo un ruido ideológico innecesario y que dio cuenta de un sesgo. Otra manera de ver es que en un juicio tan importante no sobraba declarar la independencia judicial, recordar que se falla en derecho, que nadie está por encima de la ley y que a pesar de las presiones y obstáculos una decisión judicial siempre se debe basar en las evidencias y en la interpretación libre que hagan los jueces.
En la muy extensa lectura del fallo se expusieron con máximo detalle sus razones para avalar o rechazar pruebas y ya sus argumentos son controvertidas por los juristas. Este juicio será revisado y estudiado de mil maneras. La justicia no es una ciencia exacta y se basa en interpretaciones. Los jueces, como nos pasa a los periodistas, tienen creencias y prejuicios, son humanos, falibles, pero en la tarea hay obligación de tomar distancia de ellos para decidir en derecho, en el caso de los jueces, e informar con rigor, en el periodismo.
Vale destacar que la juez reconoció al expresidente Uribe su comparecencia ante la justicia y el respeto que había tenido a lo largo del proceso. No se espera menos de quien ha tenido la más alta dignidad del Estado y ha podido ejercer su defensa de distintas maneras. Con un grupo de abogados de alto nivel, se usaron todos los recursos posibles incluso pasando por distintos escenarios judiciales. Álvaro Uribe cambió de juez, interpuso tutelas, su caso pasó por la Corte Suprema y por varios jueces antes de llegar a este fallo. La justicia actuó y seguirá actuando. En política tal vez convendría al país poder pasar la página y buscar en liderazgos nuevos con menos odios y cargas las alternativas para mover el futuro.
El País de España