Entre los planteamientos figura el establecimiento de un salario mínimo equivalente al costo de la canasta básica, la salarización de los bonos sociales, así como el respeto a los derechos de los trabajadores y la lucha sindical.
Más de 25 organizaciones sindicales se reunieron este sábado 11 de julio en Caracas para preparar una agenda de lucha unitaria por la recuperación de los salarios y pensiones.
Entre los planteamientos figura el establecimiento de un salario mínimo equivalente al costo de la canasta básica, la salarización de los bonos sociales, así como el respeto a los derechos de los trabajadores y la lucha sindical.
De acuerdo a una publicación de Tribuna Popular en X, el encuentro se realizó en Teatro Cantaclaro, en Caracas. La actividad fue organizada por la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha y el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha. Participaron dirigentes sindicales de diferentes agrupaciones.
En su cuenta en X, el defensor de derechos humanos Marino Alvarado saludó la iniciativa de las organizaciones. «Muy significativa esta asamblea de líderes sindicales de más de 25 organizaciones. Unidad y acción por un pliego de peticiones que sume a más organizaciones a nivel nacional. Valentía del liderazgo sindical al agruparse, a pesar de la represión, para organizar nuevas luchas», escribió.
#Ahora En el Teatro Cantaclaro se desarrolla una asamblea metropolitana de dirigentes sindicales para construir una agenda de lucha unitaria por la recuperación de salarios y pensiones pic.twitter.com/XFqWUqVkze — Tribuna Popular Web (@_TribunaPopular) July 12, 2025
El dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela Dick Guanique resaltó la necesidad de recuperar los derechos laborales y sociales de la población venezolana. La iniciativa pretende movilizar a todos los sectores sindicales y sociales.
El último aumento salarial decretado por Nicolás Maduro se realizó en marzo de 2022. El salario mínimo se fijó en 130 bolívares, equivalente -en ese momento- a unos 30 dólares mensuales a tasa oficial. En este momento, equivale casi a un dólar según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela que ubica el valor de la divisa norteamericana en 115 bolívares.
El 1 de ayo, en el marco del Día Internacional del Trabajador, Maduro solo ajustó de $90 a $120 el llamado «bono de guerra económica» para los trabajadores de la administración pública, mientras que las pensiones se fijaron en 50 dólares. Tanto el bono de alimentación (equivalente a 40 dólares) como el salario mínimo (130 bolívares) quedaron igual.
Con información de Punto de Corte
El falso antiimperialismo y la lucha de clases en Venezuela
Pedro Eusse.- En el prestigioso medio digital LINKS International Journal of Socialist Renewal se ha generado una interesante polémica en torno a la caracterización del gobierno venezolano y la posición que deberían adoptar las organizaciones e intelectuales que se inscriben dentro del campo popular y de la izquierda. Desde el Partido Comunista de Venezuela (PCV) consideramos necesario participar en ese debate, no solo porque hemos sido mencionados, sino también porque estamos convencidos de la necesidad de abrir paso a la verdad sobre la situación económica, social y política de Venezuela, enfrentando manipulaciones y engaños que distorsionan la realidad objetiva.
En primer lugar, expondremos de manera general la posición del PCV respecto al denominado «proceso bolivariano» y al gobierno de Nicolás Maduro, abordando aspectos centrales del debate; seguidamente, responderemos puntualmente a algunas afirmaciones realizadas por el Dr. Steve Ellner en relación a nuestro partido.
Tensiones dentro de la alianza bolivariana
Como es sabido, el PCV formó parte de la alianza de fuerzas políticas y sociales que respaldaron el llamado proceso bolivariano desde la elección de Hugo Chávez Frías en 1998 —siendo el primer partido político en apoyar su candidatura—, pasando por la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considerada una gran conquista popular, y las sucesivas reelecciones de Chávez y Nicolás Maduro, hasta 2019, cuando se produjo nuestro deslinde definitivo, tras un intenso y amplio debate interno.
Partiendo del criterio programático de forjar una amplia alianza de fuerzas para derrotar la política neoliberal impuesta desde mediados de los años 80 y lograr el fortalecimiento de la soberanía nacional; impulsar una mejor distribución de los recursos petroleros orientada a la industrialización del país y a la satisfacción de las necesidades del pueblo; promover la democratización de la sociedad con la participación protagónica de la clase trabajadora; combatir la corrupción y abrir caminos hacia cambios estructurales, el PCV formó parte de esa heterogénea alianza, asumiendo sus contradicciones internas y reconociendo sus limitaciones, debilidades e inconsecuencias.
Dentro de esa alianza, nos planteamos lograr una correlación de fuerzas favorable a la clase obrera y el pueblo trabajador, con el objetivo de avanzar hacia transformaciones profundas desde una auténtica perspectiva revolucionaria. Esto inevitablemente generaría deslindes y reagrupamientos; y profundizaría la confrontación con las fuerzas al servicio de la oligarquía nacional y transnacional. Entendíamos que el avance real hacia cambios revolucionarios dependía de la correlación de fuerzas de clase en la sociedad venezolana, no solo de la voluntad del liderazgo individual de la llamada “Revolución Bolivariana”.
Ya en 2011 advertíamos del predominio creciente de tendencias reformistas, regresivas y corruptas que ganaban terreno en la dirección del Gobierno de Hugo Chávez. El 14° Congreso Nacional del PCV concluyó que Venezuela no vivía una verdadera revolución, sino un proceso de reformas sociales y políticas que mantenían intacto el capitalismo y el modelo de acumulación rentista.
Obviamente, en la medida en que el PCV actuaba con independencia de clase y sostenía sus propias posiciones de principios, se producían fricciones y tensiones al interior de la alianza. Esto se hizo público y notorio cuando no aceptamos la pretensión de Chávez de disolver al PCV para pasar a integrar el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) (2007-2008).
Otra fuente de tensión, aunque menos visible públicamente, entre el PCV y la dirección política durante la era Chávez fue el respaldo de éste y sus seguidores al llamado «socialismo del siglo XXI». Esta corriente promovía una visión reformista, gradualista y de colaboración de clases para construir el socialismo, sin desmantelar el Estado burgués ni las relaciones capitalistas de producción, negando, entre otros aspectos fundamentales, la existencia misma de la lucha de clases.
Esta concepción ha predominado en la narrativa de los ideólogos reformistas en Venezuela y Latinoamérica. Además, resulta funcional a los sectores burgueses que se han beneficiado de las bondades del llamado progresismo; y que en Venezuela, bajo la administración de Maduro, se ha transformado en una contrarreforma reaccionaria y regresiva, impuesta mediante una mezcla de autoritarismo extremo y manipulación demagógica.
La crisis no comenzó con las sanciones
El Dr. Steve Ellner ha afirmado en uno de los artículos de esta polémica que los «errores de Maduro» son mayoritariamente «sobrerreacciones a provocaciones respaldadas por Washington» y quien no acompañe esta aseveración es porque ha perdido de vista «el efecto devastador de la guerra contra Venezuela». Los sectores de la izquierda internacional que aún respaldan a Nicolás Maduro intentan justificar sus actuaciones antipopulares (las pocas que reconocen), apelando a la agresión imperialista. Sin embargo, obvian —bien por desconocimiento o complicidad— que desde los primeros años de su gestión (2013-2017), Maduro estableció una orientación gubernamental evidentemente favorable a la burguesía, restringiendo derechos laborales y desmontando toda posibilidad de ejercicio del control social, obrero y popular sobre los procesos productivos.
La política económica de Maduro —incluso antes de concretarse las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU.— ha sido diseñada para transferir cuantiosos recursos del Estado a nuevos grupos económicos que ellos cínicamente denominan «burguesía revolucionaria», favorecidos con reprivatizaciones de empresas en condiciones ventajosas, devolución de tierras expropiadas, excepciones impositivas y flexibilización de los derechos laborales.
Esa izquierda que centra sus análisis en los «enemigos externos», tampoco parece considerar —o simplemente desconoce— que la desinversión estratégica en la industria petrolera y el progresivo debilitamiento de la soberanía nacional sobre la actividad de los hidrocarburos no son consecuencia directa de las sanciones internacionales, sino que tienen antecedentes. Su origen se encuentra en el rentismo, que lejos de ser superado durante los gobiernos de Chávez y Maduro, fue reforzado. Tras 25 años, Venezuela sigue a merced de las apetencias de los centros imperialistas; y desprovista de una estrategia de desarrollo industrial soberano.
Por estas y otras razones, sostenemos que la actual crisis económica no fue generada por las sanciones, aunque estas —sumamente graves y condenables— la agudizaron al extremo, sobre todo después de 2017, cuando Estados Unidos impuso sanciones a Pdvsa y dejó de comprar petróleo venezolano.
Queremos ser claros y enfáticos: para el PCV, todas las sanciones impuestas a una nación (o a personas) por razones políticas, además de ser ilegales, son inaceptables y deben ser rechazadas por los pueblos, especialmente por las organizaciones que nos planteamos el objetivo estratégico de sepultar el capitalismo.
Pero también es cierto que no por ser sancionados, los gobiernos o personas vícitmas de tales medidas expresen intereses populares o sean revolucionarios; sino que habitualmente representan fracciones burguesas enfrentadas de manera circunstancial o estratégica con otras fracciones burguesas y potencias capitalistas determinadas. En otras palabras, las medidas coercitivas unilaterales que imponen Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela no ocurren porque tengamos un gobierno «socialista», sino porque pretenden impedir que capitales chinos y rusos tomen control exclusivo de los recursos estratégicos que posee el país.
Todo apunta a que la verdadera intención de la política de agresión de Estados Unidos y sus aliados hacia el gobierno venezolano no ha sido su derrocamiento, sino su subordinación. Esto se evidenció durante la administración de Joe Biden, cuando se otorgó una licencia para reanudar parcialmente las exportaciones de petróleo a EE. UU., bajo condiciones impuestas por Washington. Como parte de ese acuerdo, se concedieron privilegios especiales a la transnacional Chevron, incluyendo el nombramiento de uno de sus ejecutivos como presidente de la empresa mixta Petropiar, en abierta violación de la Constitución y del principio de soberanía sobre los hidrocarburos. Este pacto, amparado en la llamada «Ley Antibloqueo» —instrumento inconstitucional— fue suscrito de forma opaca.
También es un secreto para el pueblo venezolano el uso que hace el gobierno de los recursos, tanto los generados por la venta de petróleo como por las actividades de minería en el sur del país. Durante 2023 y 2024, voceros del gobierno se jactaron de que el país experimentaba crecimiento económico como resultado de la licencia petrolera otorgada por Biden; sin embargo, los salarios y las pensiones se mantuvieron congelados. Aunque la burguesía importadora y financiera sí tuvo acceso a miles de millones de dólares a precios subsidiados para sus negocios, gracias a las operaciones de intervención del Banco Central de Venezuela en el mercado cambiario.
El viraje neoliberal del Maduro
Desde agosto de 2018 se aplica en Venezuela un ajuste neoliberal presentado con el refinado nombre de Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, cuya implementación generó una drástica reducción del gasto público, la liberación de precios y la dolarización de facto de la economía.
Desconocemos a qué se refiere exactamente el profesor Ellner cuando afirma que existen «aspectos positivos» en la gestión de Maduro. Lo que sí está claro, desde la realidad concreta del pueblo venezolano, es que el paquetazo económico aplicado en los últimos siete años ha consistido en un conjunto de medidas que trasladan el costo de la crisis y de las sanciones sobre los hombros del pueblo trabajador. Para atraer inversión extranjera y retener al capital local, el gobierno ha ofrecido como «ventajas comparativas» la exoneración de impuestos, una fuerza laboral extremadamente barata y el desmantelamiento de las capacidades organizativas y de lucha de la clase trabajadora.
En función de esos objetivos el PSUV y sus satélites aprobaron la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, que ofrece territorios, energía barata, disposición de riquezas naturales y desaplicación de derechos laborales, fundamentalmente para inversores extranjeros. El guion está bastante claro: ganancias a bajo costo y sobreexplotación del trabajo.
En la práctica, la política laboral impuesta por la cúpula del PSUV ha transformado a todo el país en una gran «zona económica especial». Las convenciones colectivas fueron desmanteladas de facto tras un memorando del Ministerio del Trabajo, emitido en octubre de 2018, que permitió a los patronos desconocer las cláusulas económicas que consideraran onerosas. Desde entonces, el salario mínimo pasó a ser el único parámetro válido para fijar baremos salariales y calcular indemnizaciones legales, en abierta violación de los derechos laborales y contractuales establecidos en la ley.
Esta medida provocó la pérdida automática de conquistas económicas para amplios sectores de trabajadores, tanto en el ámbito público como en el privado. A ello se sumaron los efectos devastadores de la reconversión monetaria aplicada en agosto de 2018 —que eliminó cinco ceros a la moneda nacional—, lo cual implicó la virtual desaparición de las prestaciones sociales acumuladas, el colapso de los fondos de pensiones, el vaciamiento de las cajas de ahorro y el deterioro financiero de las organizaciones sindicales.
Destrucción salarial y expansión de la explotación laboral
Durante el gobierno de Maduro se ha ampliado al extremo la brecha entre salarios y ganancias. Según la economista Pascualina Curcio, en 2014, de todo lo que se producía en Venezuela, «36% se destinaba a los 13 millones de asalariados, mientras que el 31% se destinó a los 400 mil patronos». Mientras que en 2017 (última cifra publicada por el BCV) «solo el 18% se repartió entre los 13 millones de trabajadores, mientras que los 400 mil burgueses se apropiaron ya no del 31% de la producción sino del 50%, es decir, la mitad».
Aunque la política de destrucción salarial comenzó a principios del gobierno de Maduro en 2014, cuando se redujo el monto del salario y se aumentaron los ingresos no salariales fue en 2022 cuando asestó un golpe definitivo al salario de los trabajadores venezolanos, afectando también la cuantía de las pensiones. Desde entonces, el salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares (equivalente a poco más de un dólar mensual), mientras que solo aumentan las remuneraciones que no se consideran parte del salario, conocidas como bonos, y que solo perciben los trabajadores del sector público.
Estos bonos, que representan más del 99 % de los ingresos de un trabajador, no son tomados en cuenta para calcular indemnizaciones ni prestaciones sociales como vacaciones, aguinaldos y otras, cuyo cálculo se basa exclusivamente en el salario mínimo. Este mecanismo ─a veces difícil de comprender para quienes no viven ni trabajan en Venezuela─, constituye un fraude flagrante a la legislación laboral y a la Constitución, pues el gobierno ha sustituido ilegalmente el concepto de salario por el de “ingreso mínimo integral”.
Esta política permite a los empleadores, tanto públicos como privados, ahorrarse cuantiosas sumas al dejar de pagar conceptos fundamentales como prestaciones sociales (indemnizaciones acumuladas al finalizar la relación laboral), bono anual de vacaciones (bono recreacional para jubilados del sector público) y aguinaldos o utilidades (pagos de fin de año). En casos excepcionales, estas pérdidas son menores en ciertos sectores privados que cuentan con convenciones colectivas robustas, aunque incluso allí existe la amenaza de perder esas conquistas. Esto se debe a un entorno político-institucional que favorece la desalarización de las remuneraciones, impulsado especialmente por el liderazgo de Fedecámaras —la principal organización los capitalistas venezolanos —, que estrecha vínculos con el gobierno de Maduro y avanza en su intención de establecer un «nuevo modelo de remuneraciones» en el que el salario, tal como se entiende tradicionalmente en Venezuela y está consagrado en la Ley Orgánica del Trabajo, pueda desaparecer definitivamente.
La mayoría de los trabajadores venezolanos del sector privado no están sindicalizados ni protegidos por convenciones colectivas, lo que los obliga a aceptar remuneraciones que carecen de carácter salarial, además de un salario mínimo que apenas supera un dólar mensual. Asimismo, enfrentan jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, en ocasiones sin días libres. Esta realidad afecta especialmente a miles de jóvenes empleados en grandes comercios, quienes laboran prácticamente sin derechos y en completa indefensión, pues cualquier intento de sindicalización suele ser respondido persecución o despido.
Criminalización de la lucha obrera
Así como el Dr. Steve Ellner afirma que «la guerra contra Venezuela debe estar en el centro de cualquier análisis serio sobre las presidencias de Maduro», resulta igualmente imprescindible, para cualquier evaluación honesta, considerar la sistemática criminalización de la lucha laboral en el país. Más allá de los despidos ilegales —directos o encubiertos—, el Estado venezolano recurre a la represión policial y la coacción judicial contra trabajadores y dirigentes sindicales que se atreven a defender sus derechos o a denunciar actos de corrupción, como evidenció el caso de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba en Pdvsa.
Desde los primeros años del gobierno de Maduro, y con mayor intensidad a partir de 2018, son cientos los militantes del movimiento obrero que han sido detenidos sin respeto al debido proceso, y con frecuencia sometidos a tratos crueles e inhumanos. A la mayoría se le imputan cargos como instigación al odio, asociación para delinquir o terrorismo, en un patrón represivo que tiene como objetivo disciplinar al movimiento sindical y facilitar la imposición de políticas claramente favorables al capital.
Resulta profundamente preocupante que quienes se reivindican como militantes de izquierda, revolucionarios e incluso marxistas-leninistas permanezcan indiferentes ante estos hechos gravísimos, que revelan la naturaleza de clase explotadora y opresora del Estado venezolano y su actual administración. No se trata aquí de represión por motivos político-partidistas, sino de un esquema institucionalizado de persecución antisindical, destinado a neutralizar toda forma de resistencia ante una agenda gubernamental orientada a desmantelar derechos laborales en beneficio de sectores empresariales.
Debería, al menos, generar inquietud entre los sectores de la izquierda que apoyan a Maduro, el respaldo entusiasta que hoy expresan a las políticas del Ejecutivo organizaciones como Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio, precisamente las mismas que participaron activamente en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002. Tal vez esos compañeros no sepan —o no quieran ver— que en Venezuela se restringe sistemáticamente la libertad sindical mediante instrumentos administrativos y judiciales como el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales (adscrito al Ministerio del Trabajo) o el Consejo Nacional Electoral, que impiden registrar sindicatos independientes y sabotean sus procesos electorales. Mientras tanto, las poderosas organizaciones gremiales empresariales operan con plena libertad y colaboración de las autoridades del Estado.
Maduro sin legitimidad: Autoritarismo y represión
El carácter autoritario y antidemocrático del gobierno de Maduro se ha profundizado a medida que se debilita su base de apoyo social. Esto se demostró claramente en la violencia represiva usada antes y, sobre todo, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, no solo contra políticos y periodistas, sino también contra trabajadores y estudiantes habitantes de barrios populares que espontáneamente protestaron por la falta de transparencia y consistencia en los resultados electorales.
No negamos que, en las horas posteriores al anuncio de la supuesta reelección de Maduro se registraron episodios aislados de violencia extrema. Sin embargo, la respuesta de los cuerpos policiales y de los grupos parapoliciales fue desproporcionada y criminal, dejando un saldo de más de veinte personas fallecidas. El propio gobierno reconoció la detención de más de dos mil ciudadanos, en su mayoría jóvenes, incluidos menores de edad que ni siquiera participaban en las manifestaciones y fueron acusados de terrorismo.
La escalada represida no terminó en los días posteriores a las elecciones. Las detenciones irregulares, con desapariciones forzadas, incomunicaciones, negación del derecho a la defensa y tratos crueles, han continuado hasta hoy. Todo este despliegue represivo y de persecución política tiene como objetivo liquidar toda resistencia y denuncia contra la ilegalidad e ilegitimidad de la juramentación y toma de posesión de Nicolás Maduro como supuesto presidente reelecto.
Desde nuestra perspectiva, la toma de posesión de Nicolás Maduro carece de legalidad, ya que el proceso electoral presidencial no fue debidamente concluido. El CNE incumplió con los procedimientos establecidos por la ley: no publicó los resultados oficiales en la Gaceta Electoral ni presentó los datos desglosados por mesa de votación que demostraran con claridad la victoria de Maduro. Además, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo control del PSUV, usurpó funciones del CNE para obstaculizar el esclarecimiento de la verdad electoral.
Recientemente, la cúpula del PSUV anunció una reforma constitucional. Aunque nadie sabe con certeza cuáles serán los cambios, no es difícil deducir que establecerán normas que legalicen el ejercicio autoritario del poder, sin control social y en favor del capital.
Aclaratorias necesarias sobre la política del PCV
Con relación a las menciones que el Dr. Steve Ellner hace sobre el PCV en el marco de esta polémica, consideramos necesario aclarar algunos puntos. En su primera respuesta a Gabriel Hetland, Ellner califica de «inconveniente» que el gobierno reconociera a una «facción disidente del PCV» en lugar del partido legítimo. Tal afirmación evidencia un desconocimiento de los hechos.
Tras el deslinde formal del PCV con el gobierno, la cúpula del PSUV —encabezada públicamente por Diosdado Cabello— desató una campaña de ataques sistemáticos contra la dirección legítima del Partido, usando espacios de comunicación públicos sin permitir derecho a réplica. Paralelamente, el PSUV promovió la intervención judicial del PCV, apoyándose en personas ajenas a la militancia comunista (algunas con pasado partidario), a quienes el TSJ impuso como una «junta ad hoc» que actualmente usurpa las siglas, símbolos y tarjeta electoral del emblemático Gallo Rojo.
Ellner presenta las contradicciones entre el CPV y el PSUV como «secundarias», pero los aspectos presentados en este artículo, dejan en claro cuál es la naturaleza y orientación de clase de la cúpula del PSUV. El objetivo del asalto judicial al PCV no fue otro que desactivar el crecimiento de una alternativa popular y revolucionaria que denuncie y confronte la deriva neoliberal, autoritaria y antipopular de su gobierno.
Como consecuencia de esta intervención judicial, se nos ha impedido participar legalmente en procesos electorales y nuestra actividad política es criminalizada. A pesar de ello, seguimos organizando la lucha por la unidad de fuerzas sociales, políticas, democráticas y revolucionarias, frente al gobierno burgués de Maduro y también frente a la oposición burguesa que encabeza María Corina Machado, representante del intervencionismo imperialista.
Por otra parte, Ellner critica al PCV por haber respaldado al político socialdemócrata Enrique Márquez en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Cabe recordar que Márquez se encuentra en condición de desaparición forzada desde enero de este año, tras haber sido detenido arbitrariamente. Hasta la fecha, ni sus abogados ni sus familiares han tenido contacto con él, no se conoce la imputación formal en su contra, ni se ha confirmado su presentación ante los tribunales, lo que constituye una grave violación a sus derechos fundamentales.
No solo resulta preocupante que el profesor Ellner guarde absoluto silencio ante el secuestro de Enrique Márquez, sino que, además, pese a insistir constantemente en la necesidad de «contextualizar», omite deliberadamente el debate político y programático que llevó al PCV y a otros sectores de izquierda a respaldar su candidatura presidencial.
El apoyo a esa candidatura fue resultado de una intensa discusión en la Conferencia Nacional del PCV, que decidió construir una alianza político-electoral más allá de la izquierda, planteando un programa de lucha por la restitución de los derechos laborales, sociales y políticos del pueblo, proyectando una alternativa frente al gobierno y a la oposición proimperialista.
La censura mediática impuesta —con el control gubernamental total de medios públicos y privados— ha impedido que muchos conozcan que el PCV, sin tarjeta electoral por el asalto judicial antes explicado, intentó inscribir previamente, junto a otras organizaciones de izquierda, la candidatura del periodista Manuel Isidro Molina, lo que fue impedido por el CNE. También intentamos registrar una organización electoral para participar, lo que igualmente fue negado por ese órgano tutelado por el PSUV.
En ese contexto, se optó por respaldar una candidatura ya inscrita que se posicionara con autonomía frente a los dos polos dominantes —Nicolás Maduro y María Corina Machado— y que estuviera dispuesta a asumir un compromiso programático claro en defensa de los derechos laborales y las libertades democráticas.
Márquez se pronunció contra las intervenciones de potencias extranjeras, incluyendo Estados Unidos, y denunció la pérdida de soberanía petrolera venezolana ante las imposiciones en favor de Chevron. Su candidatura logró unir a organizaciones y personalidades de izquierda venezolana, incluso militantes chavistas (no maduristas). Por su puesto, esto fue ocultado por los medios bajo control gubernamental. Por cierto, es bastante llamativo que Márquez esté detenido, mientras que Juan Guaidó nunca apresado ni procesado y salió del país sin problemas o que María Corina Machado, acusada de traición a la patria, nunca haya sido judicializada.
A lo largo de esta polémica se ha insistido —con razón— en superar los enfoques maniqueos, y no seremos la excepción. Actualmente, el PSUV impulsa una costosa campaña propagandística, tanto a nivel nacional como internacional, con el propósito de convencer a las fuerzas populares y revolucionarias de que la lucha antiimperialista puede desvincularse de la lucha contra el capitalismo. Quienes insisten en priorizar la denuncia del «imperio» y relegar la crítica a la catastrófica situación de la clase trabajadora venezolana terminan, consciente o inconscientemente, alimentando esa ofensiva claramente reaccionaria.
Pese a la ilegalización y el hostigamiento impuesto por la tiranía, el PCV continúa luchando por los derechos del pueblo trabajador y trabaja activamente por la unidad de todas las fuerzas sociales y políticas genuinamente democráticas, comprometidas con la defensa de la Constitución, frente a la deriva autoritaria del gobierno y las amenazas intervencionistas del imperialismo estadounidense.
Pedro Eusse es miembro del Buró Político del Comité Central del PCV. – Tribuna Popular – Rate This