Cristina Fernández de Kirchner se convirtió ayer en la segunda mandataria en toda la historia de Argentina en ser condenada en sentencia firme por corrupción. El otro fue Carlos Menem, por tráfico de armas a Croacia y Ecuador (2013) y el pago de sobresueldos (2018).
Luego de 17 años desde que la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina detectara posibles irregularidades en la ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, la Corte Suprema de ese país ratificó la condena por el “caso Vialidad”, que la tiene como principal involucrada.
El fallo también confirmó las condenas a Lázaro Báez (6 años de prisión), al exsecretario de Obras Públicas, José López (6 años), al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti (6 años), y a los exfuncionarios del área de Vialidad de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses). Otros implicados fueron absueltos.
El juicio ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 se inició en 2019, y en 2022 el fiscal Diego Luciani solicitó 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex mandataria. El 6 de diciembre de ese año fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida por administración fraudulenta. Fue absuelta del cargo de asociación ilícita.
Para colocarnos en contexto, recordemos que en ese momento ella fungía como vicepresidenta de Alberto Fernández, y a nadie le pasaba por la cabeza (o a casi nadie) que el excéntrico diputado libertario Javier Milei ganaría la elección presidencial once meses después.
Confirmación de la condena
En septiembre del año pasado, tres jueces de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmaron la condena, que ella apeló ante la Corte Suprema, cuyo fallo se conoció ayer en la tarde. Los hechos juzgados remiten al 9 de diciembre de 2003, un día antes de la toma de posesión presidencial de Néstor Kirchner, cuando se registró la empresa Austral Construcciones, siendo su titular Lázaro Báez.
Aunque la provincia de Santa Cruz representa solo el 0,8 % de la población total del país, entre 2003 y 2015 recibió el 12 % del presupuesto nacional y tramitó 51 licitaciones de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales. El 80 % de las mismas se otorgaron a Austral Construcciones. Más de la mitad de esas obras nunca se terminaron.
En las 1.541 páginas de la sentencia se considera a la señora Kirchner como responsable principal y jefa de una asociación ilícita que otorgó licitaciones de manera discrecional, dando órdenes, disponiendo traslados, organizando reuniones, solicitando información, tomando decisiones clave para el funcionamiento de esa organización y creando así un marco legal que favoreció la corrupción. Además, se le señala por participar en el “plan limpiar todo” y beneficiarse económicamente de la maniobra en perjuicio de la Administración Pública Nacional en al menos 84.000 millones de pesos.
Según la decisión judicial, ella y los demás implicados deberán devolver al Estado esa cantidad, que estimada en dólares al tipo de cambio actual, es de aproximadamente 70 millones. No hay montos asignados públicamente por persona.
La expresidenta tiene cinco días para presentarse ante el tribunal correspondiente a fin de imponerse de la sentencia, que supone implicar su detención domiciliaria por tener más de 70 años de edad. Como ha hecho a lo largo de todo este tiempo, y con otras causas, se ha declarado víctima de una persecución política por parte de lo que denomina como “el partido judicial”.
Me castigan por ser mujer
“Me castigan por ser mujer”, ha dicho. No obstante, olvida convenientemente que esa misma justicia ha desestimado otro caso en el que se le acusaba de fraude a través del mercado de venta de dólares a futuro. También fue sobreseída de la causa que la señalaba por conspirar con Irán para encubrir la presunta participación de ese país en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita en Buenos Aires en 1994; caso que en su momento llevó el malogrado fiscal Alberto Nisman. Asimismo, en otra decisión, por dos votos contra uno, los jueces del Tribunal Oral Federal N.º 5 decidieron descartar las llamadas causas Hotesur y Los Sauces, que vinculan a ella y a sus hijos Máximo y Florencia.
Plenamente consciente de que este caso podría terminar en la Corte Suprema, el 9 de diciembre de 2020 (en su condición de vicepresidenta) publicó una extensa carta en sus redes sociales atacando abiertamente a esa instancia, señalándole de ser parte de la “articulación mediática-judicial” que se dedicó a perseguir opositores, es decir, a ella y a sus colaboradores, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015–2019).
Por supuesto, pasaba por alto un detalle: dos de los cinco miembros de esa Corte Suprema fueron designados por Néstor Kirchner, uno por el expresidente peronista Eduardo Duhalde y los otros dos durante la presidencia de Macri.
Si pensó que la victoria de su coalición aquel 27 de octubre de 2019 sería suficiente para detener los procesos judiciales en su contra, se equivocó. La justicia argentina ha demostrado una sorprendente capacidad de resistencia a la presión política. Durante todo el gobierno peronista de Alberto Fernández (2019–2023), los juicios siguieron su curso.
Así, por ejemplo, la Corte ratificó la condena de cinco años y diez meses de prisión por corrupción contra su ex vicepresidente Amado Boudou.
Batalla política
Sin embargo, siendo vicepresidenta electa, hizo uso de sus conocidas habilidades histriónicas al desafiar a jueces y fiscales del Tribunal Oral Federal N.º 2, precisamente por este caso de asociación ilícita y fraude en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, en el que ahora se le condena. Se negó de manera desafiante a responder a las preguntas y efectuó un largo monólogo donde acusó al tribunal de “lawfare”, a los fiscales de “corsarios judiciales”, y cerró parafraseando a Fidel Castro: “La historia me absolvió. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”.
Pues bien, esta vez, en ese intento por transformar el proceso legal en una batalla política, el viento ha soplado en su contra.
Probablemente traicionada por su propio carácter, cometió el error de no postularse en 2023 a una banca en el Senado o en la Cámara de Diputados, lo que le habría asegurado un fuero parlamentario y, con ello, evitar la prisión domiciliaria. Eso fue, precisamente, lo que hizo Menem.
Esa es la razón por la cual, en estos días, se postuló como candidata a diputada provincial en uno de los bastiones del peronismo. Su esperanza era que el fallo de la Corte se diera luego de esa elección, prevista para septiembre. Ese cálculo le falló. Pero es revelador de la debacle política de quien fue dos veces presidenta de la Nación Argentina, electa y reelecta con amplia mayoría (2007 y 2011), pero que de ahí pasó a vicepresidenta y ahora aspiraba a un cargo como legisladora de una provincia. Es decir, una carrera descendente motivada por el deseo de evadir la justicia y presa, también, de su protagonismo.
Esto no quiere decir que Cristina esté liquidada. Con el respaldo, según las encuestas, del 30 % de los argentinos, apuesta a seguir siendo la electora dentro del peronismo, jugando el papel de víctima. Varios dirigentes de este sector han tenido el secreto deseo de que la inhabilitación judicial la saque de una vez por todas del juego y así ellos se puedan emancipar de su férrea jefatura. Curiosamente, al otro lado de la acera, es Javier Milei el más interesado en que ella no se diluya, puesto que es la contrincante ideal para polarizar.
Al Navío – @PedroBenitezF