Transportistas exigen la devolución de 50 autobuses retenidos durante campaña electoral, Camionetas retenidas en el Sebin del Helicoide.
Mayra Vivas, transportista de Petare, cumplió nueve meses sin su autobús, retenido por supuesto uso político. El gremio denuncia la confiscación arbitraria de otras 49 unidades y pide una solución a la crisis del sector.
Caracas. Mayra Vivas, socia desde hace seis años de una línea de transporte que cubre la ruta Petare-Presidente Medina en el municipio Sucre, lleva nueve meses con su unidad retenida por las autoridades, quienes alegan su presunta participación en el traslado de opositores durante la campaña electoral de 2024.
Vivas cuenta que su autobús fue interceptado el 8 de julio pasado en la autopista Francisco Fajardo con pasajeros a bordo. Los funcionarios lo confiscaron bajo el argumento de estar fuera de ruta.
Bajaron a todos los pasajeros y se llevaron el autobús. Posteriormente, me llamaron para que me presentará en la sede de Maripérez, donde me informaron que el carro estaba retenido por participar en manifestaciones, explica Vivas.
Añade que hasta la fecha no ha podido conocer el estatus de su unidad. A pesar de visitar diversas sedes policiales en Caracas, la respuesta es siempre la misma: el autobús no está allí.
He ido al Helicoide, al Sebin y al DGCIM, pero en ninguno lado me dan información. Hay conocidos que han visto el autobús, pero pintado.
Mayra Vivas tiene 10 meses que su unidad de transporte fue retenida por el Estado. / Foto: Crónica Un
José Luis Trocell, integrante del comando intergremial del sector transporte, afirma que actualmente hay 50 unidades retenidas a en el país bajo la misma acusación de estar fuera de ruta.
Si una unidad está fuera de ruta se le debe aplicar una infracción administrativa que corresponde por parte del INTT. No se justifica que el Estado secuestre los vehículos por más de ocho meses, enfatiza Trocell.
De acuerdo con el representante gremial, muchos transportistas dependen directamente de sus unidades para el sustento familiar y llevan 10 meses sin poder trabajar. Por ello, el gremio solicita una reunión urgente con el fiscal general –designado por la extinta ANC–, Tarek William Saab, pues los funcionarios policiales aseguran no poder ofrecer respuestas a sus reclamos.
Afectación económica
Vivas asegura que el Estado afecta gravemente sus ingresos mensuales, que eran el principal sostén de su hija pequeña. Actualmente, dependen únicamente del salario de su hija mayor, que no supera los 100 dólares mensuales.
Aunque la unidad esté retenida, debo seguir pagando los impuestos y los servicios correspondientes al autobús, ya que sigo siendo la representante legal del vehículo. Esto es completamente injusto, denuncia Vivas.
Crónica Uno