El ministro chileno de Exteriores, Alberto van Klaveren, se reunió hoy con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a quien entregó antecedentes y elementos sobre el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, y se planteó la posibilidad de una cooperación más estrecha entre la investigación de Chile y de la CPI sobre Venezuela.
El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, que participó en la visita, entregó antecedentes y elementos sobre el crimen. Chile considera que esta información de contexto puede ser de utilidad para la investigación abierta por la CPI en 2021 de los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ya que la hipótesis de la indagatoria de la Justicia chilena apunta a la posibilidad de un móvil político, así como a la intervención de agentes extranjeros.
En una entrevista con EFE al término de las reuniones que tenía agendadas para este viernes en La Haya, el ministro explicó que a su país le interesaba compartir con la CPI algunos avances de la investigación que está realizando el Ministerio Público en Chile en torno a un alevoso crimen del que fue objeto el exmilitar venezolano, el expediente Ojeda.
El móvil de este crimen fue un móvil claramente político. No fue un crimen normal. No hubo ninguna petición de rescate, no hubo un secuestro que perteneciera a lo que es un fenómeno normal de delincuencia en nuestro país. Obviamente había una línea de investigación que conducía un móvil político y ese móvil político podría estar asociado a la acción de agente de otro Estado y eso obviamente significa una situación de especial gravedad para Chile, advirtió.
Sobre los posibles vínculos de la banda de origen venezolano Tren de Aragua, el ministro subrayó que no hay que descartar la posibilidad de que el crimen haya sido cometido por integrantes de una célula o de un grupo de esa banda, pero considera difícil encontrar una motivación interna de esta para cometer un crimen de esta naturaleza.
Las líneas de investigación apuntan a un crimen por encargo y hay que preguntarse quién hizo ese encargo, quien tuvo interés en eliminar a un miembro de la oposición venezolana que, además, incluso había participado en algunas acciones con colegas exmilitares en la propia Venezuela, señaló el ministro, que dijo no tener respuesta todavía porque obviamente debe ser probada por los tribunales chilenos.
Disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por un grupo de hombres vestidos como agentes chilenos. Las cámaras del edificio captaron cómo lo sacaban en calzoncillos de su apartamento en Santiago y su cadáver fue localizado diez días después, sepultado bajo un bloque de cemento, a las afueras de la capital.
Hasta el momento, han sido identificadas al menos 16 personas como participantes en ese crimen, entre ellos siete en Chile, dos en Colombia y otros dos en Estados Unidos. Los detenidos son miembros de una facción de Tren de Aragua, aunque todavía no se ha determinado quiénes son los autores intelectuales del asesinato.
El Ministerio Público chileno sospecha del chavismo y a finales del pasado enero desveló que un testigo señaló a Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano y mano derecha de Nicolás Maduro, como la persona que encargó y pagó el crimen.
La familia del exteniente también defendió siempre la participación del Gobierno de Maduro y cree que el crimen forma parte de un plan sistemático de persecución y eliminación de opositores políticos, aseguró a EFE Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia.
De 32 años, Ojeda era parte del grupo de militares antichavistas Movimiento por la Libertad y la Democracia, que negaban la autoridad de Maduro como presidente y comandante en jefe.
Van Klaveren y el fiscal Valencia compartieron este viernes con la CPI información de carácter más bien general, pero también le plantearon la posibilidad de lograr una cooperación más estrecha entre la investigación que está realizando la fiscalía de la CPI sobre Venezuela y la que lleva a cabo el Ministerio Público chileno.
Yo creo que el fiscal (Valencia) recibió una respuesta en general positiva, pero obviamente hay que ver cómo se va a concretar esa cooperación, explicó el ministro. Sobre la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, añadió, el fiscal le aseguró que está avanzando y que el equipo que trabaja en el caso se tomaba muy en serio los informes, pero que no podía compartir elementos más concretos de esa búsqueda de pesquisas de la CPI.
EFE
Venezuela rechaza las maniobras del Gobierno chileno ante la Corte Penal Internacional
En el comunicado, se califica como absurda farsa el intento del Gobierno chileno de presentar un caso ante la CPI
El canciller de la República, Yván Gil, compartió un comunicado a través de su canal de Telegram, en el que el Ejecutivo nacional rechaza categóricamente las acciones del saliente gobierno de Chile ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En el comunicado, se califica como absurda farsa el intento del Gobierno chileno de presentar un caso ante la CPI, argumentando que se basa en mentiras y falsedades que solo existen en la imaginación de quienes han convertido la política exterior en un espectáculo de mala calidad.
Asimismo, se señala que estas acciones siguen la línea política contra Venezuela del difunto Sebastián Piñera, evocando prácticas pinochetistas mediante la creación de operaciones de falsa bandera.
El texto enfatiza que llevar un caso aislado y alimentado por patrañas a la CPI es jurídicamente insostenible y revela una supina ignorancia sobre el funcionamiento del sistema internacional y el Estatuto de Roma. Se destaca que la CPI no es un tribunal para ventilar fábulas fantasiosas ni un escenario para montajes mediáticos.
Además, el comunicado critica a las autoridades chilenas por su aparente desconocimiento sobre los mecanismos internacionales o su disposición a deformarlos para alinearse con intereses ajenos a la justicia. Se subraya que tal posición carece de fundamentos jurídicos y refleja un odio vicioso contra Venezuela, evidenciando una desesperación por complacer agendas impuestas desde Estados Unidos.
El comunicado concluye instando al gobierno chileno a concentrarse en sus propios problemas internos, incluyendo la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo mapuche y la represión de la protesta social. Venezuela se presenta como un país capaz de dar lecciones sobre el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los pueblos, rechazando ataques provenientes de aquellos que han normalizado la violencia institucional.
El Universal