Un avión con más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos aterrizó en El Salvador, horas después de que un juez estadounidense ordenara al gobierno de Donald Trump no hacerlo.
Trump deporta a El Salvador a cientos de venezolanos pese a la orden judicial que le prohibía hacerlo.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en redes sociales que 238 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua habían llegado en la madrugada del domingo, junto con otros supuestos 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
La llegada de los deportados al país centroamericano se produjo pese a que un juez federal le había impedido al presidente Trump invocar una centenaria ley para justificar las deportaciones, algo que Bukele ridiculizó en una publicación posterior.
¡Uy!… demasiado tarde, escribió el mandatario salvadoreño.
Bukele informó que los detenidos fueron trasladados de inmediato al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador por un año, renovable, lo que sugiere que podrían permanecer allí más tiempo.
Abierto desacato
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó la llegada de los presuntos pandilleros a El Salvador y agradeció a Bukele, calificándolo como el líder de seguridad más firme de nuestra región.
El sábado por la noche, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, ordenó paralizar, por 14 días, las deportaciones ordenadas por Trump, quien invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La ley faculta al gobierno detener y expulsar, en tiempos de guerra, a personas que amenacen la seguridad del país, sin tener que garantizarle a los afectados el debido proceso.
La última vez que el texto fue aplicado fue para internar a ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.
El sábado, Trump declaró que el Tren de Aragua estaba perpetrando y amenazando con realizar una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EE.UU..
Y acto seguido, ordenó que todos los ciudadanos venezolanos en el país que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales sean detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros.
La resolución presidencial fue suspendida por el juez Boasberg, por considerar que la ley no es aplicable en este caso, pues EE.UU. no se encuentra en guerra.
Tras enterarse de que aviones con deportados habían despegado, el funcionario ordenó su regreso, informó The Washington Post.
Por su parte, este domingo la Casa Blanca negó que se haya desobedecido la orden judicial que impedía la deportación de estas personas.
La vocera del gobierno Trump. Karoline Leavitt, dijo en rueda de prensa que los tribunales federales no tenían jurisdicción en las decisiones de política exterior del presidente de EE.UU.
Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaaviones lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de territorio estadounidense, declaró Leavitt.
Por su parte, Rubio, en un comunicado, confirmó el domingo que las deportaciones se realizaron al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros, pero no mencionó el dictamen judicial.
Enviamos más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua que El Salvador ha aceptado mantener en sus muy buenas cárceles, a un precio justo que también ahorrará dólares de nuestros contribuyentes, anunció.
Por su parte, el gobierno venezolano, en un comunicado, rechazó la decisión de Trump, calificándola de «anacrónica» y «violatoria de los derechos humanos.
Este es uno de los episodios más oscuros de la historia humana, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis, señala el comunicado.
Sumado al rechazo del gobierno de Nicolás Maduro, familiares de algunos de los venezolanos deportados hacia El Salvador le hicieron un llamado al presidente Buekele para que investigue individualmente cada caso.
En un video dado a conocer en las redes sociales, los familiares señalan que muchos de los deportados no pertenecen al Tren de Aragua y que se entregaron a las autoridades de EE.UU. debido a que no tenían medios para continuar su vida en este país.
Directo a la ‘megacárcel’
Un video adjunto publicado por Bukele en redes sociales muestra filas de hombres con grilletes de pies y manos, siendo escoltados por agentes armados desde el avión.
En la grabación se ve como algunos detenidos son introducidos en la parte trasera de vehículos blindados, mientras que a otros, encorvados porque los agentes les agachan la cabeza, son obligados a subir a autobuses.
El video también muestra una vista aérea de una larga y sinuosa escolta policial que conduce los autobuses hacia la temida megacárcel de El Salvador: El Cecot.
La prisión de máxima seguridad es un logro de Bukele y forma parte de su esfuerzo por combatir el crimen organizado en el país centroamericano.
La cárcel, con capacidad para 40.000 personas, ha sido criticada por grupos de derechos humanos, los cuales denuncian que en la misma los reclusos son maltratados y no se les garantizan sus derechos.
El acuerdo entre EE.UU. y El Salvador es una señal del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Gracias por su apoyo y amistad, le dijo Rubio a Bukele el domingo.
El Salvador fue el segundo país que el jefe de la diplomacia estadounidense visitó tras su juramentación hace unas semanas.
Durante ese viaje, realizado en febrero, Bukele ofreció acoger a deportados estadounidenses, afirmando que esto ayudaría a financiar la gigantesca instalación Cecot.
Para el subdirector de Human Right Watch, Juan Pappier, este ofrecimiento de Bukele solo muestra que está convirtiendo a El Salvador en la versión centroamericana de la prisión de Guantánamo.
Si los llevan a una audiencia judicial, será una audiencia virtual con cientos de detenidos al mismo tiempo. Será casi imposible liberarlos. No hay forma alguna de comunicarse con ellos, dijo al diario estadounidense The Washington Post.
Golpe de efecto
Para muchos analistas, la decisión tomada por la Casa Blanca no será la última al respecto de obedecer las decisiones judiciales que se tomen en su contra.
Se desacató una orden judicial. La primera de muchas, como he estado advirtiendo, y el comienzo de una verdadera crisis constitucional, explicó el abogado experto en temas seguridad nacional Mark S. Zaid en su cuenta de Twitter.
El gobierno estadounidense no ha identificado a los deportados ni ha aportado pruebas que indiquen que eran miembros del Tren de Aragua ni de que hayan cometido delitos en EE.UU.
Las últimas deportaciones del segundo mandato de Trump forman parte de la larga campaña del presidente contra la inmigración ilegal.
En enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba al Tren de Aragua y a la MS-13 organizaciones terroristas extranjeras.
El magnate republicano ganó las presidenciales de noviembre pasado, en parte, por sus promesas de poner en marcha la mayor operación de deportación en la historia del país.
Hasta ahora, la agenda no ha cumplido con las expectativas, ya que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) no han alcanzado la cuota diaria de arrestos fijada por Trump.
Un informe reciente reveló que los agentes de ICE habían deportado menos inmigrantes en febrero que en el mismo mes del año anterior durante la administración del demócrata Joe Biden: 11.000 en febrero de 2025, en comparación con 12.000 en febrero de 2024.
BBC News Mundo – Información de Lisa Lambert y Brandon Drenon
La Casa Blanca niega que desobedeciera al juez que ordenó parar la deportación a El Salvador de centenares de migrantes
El magistrado bloqueó la aplicación de una ley del siglo XVIII que Trump invocó para expulsar a detenidos relacionados con la organización criminal Tren de Aragua. El caso podría llegar al Supremo.
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, negó este domingo en un comunicado que la Administración de Donald Trump hubiera desobedecido a James Boasberg, juez del Distrito de Columbia, que el día anterior había bloqueado temporalmente la aplicación a ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados con la organización criminal Tren de Aragua de una ley del siglo XVIII que permite la deportación en tiempos de guerra de enemigos de Estados Unidos. Boasberg también dictaminó verbalmente, no por escrito, que los dos vuelos que en ese momento estaban en el aire volvieran de inmediato. Uno de ellos llegó, con unos 261 migrantes, a El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, presumió de mano dura con ellos en un video difundido en las horas siguientes.
Leavitt aseguró que la orden del juez llegó una vez que la aeronave había abandonado el espacio aéreo estadounidense, y que por tanto la sospecha de que el poder Ejecutivo ha decidido desafiar al Judicial ―temor sobre el que algunos expertos advierten desde que Trump regresó al poder― “no tiene base legal”. La portavoz también escribió que los tribunales federales “carecen de jurisdicción” sobre las decisiones del presidente en materia de política exterior o sobre su capacidad para expulsar enemigos extranjeros. “Un solo juez de una única ciudad no puede dirigir el rumbo de una aeronave llena de terroristas extranjeros expulsados físicamente de suelo estadounidense”, dijo Leavitt.
En el avión que viajó a El Salvador había un total de 261 indocumentados: 137 fueron expulsados en virtud de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Otros 101 eran venezolanos deportados bajo el Título 8, una norma migratoria. El resto se reparte entre 21 pandilleros salvadoreños de la Mara Salvatrucha (MS-13), y, por último, dos cabecillas de esa organización criminal centroamericana.
El vídeo de Bukele
Bukele presumió en un vídeo de tres minutos cuya producción invita a pensar en un thriller carcelario de que había recibido a los deportados en virtud de un acuerdo con la Administración Trump. El mandatario posteó en X un mensaje burlón dirigido al juez de Washington, que decía en inglés: “Oopsie…Too late” (huy, demasiado tarde).
Después, el presidente de El Salvador recibió en esa misma red social el agradecimiento del secretario de Estado, Marco Rubio, por ser “el líder de seguridad más fuerte de nuestra región”, así como “un gran amigo de Estados Unidos”. En el vídeo rodado por las autoridades del país centroamericano se ve a una muchedumbre de agentes encapuchados y fuertemente armados trasladar a decenas de hombres. Les descubren la camiseta para mostrar sus tatuajes, los acarrean esposados con la cabeza baja, les afeitan el pelo y la barba y los conducen rumbo al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una temible cárcel que se ha convertido en el símbolo de la mano dura de Bukele contra el crimen. El trato que reciben los presos en ese lugar ha sido constantemente criticado por asociaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.
El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, se sumó a Leavitt en la defensa de la decisión de no retornar el vuelo que iba rumbo a El Salvador. “Había criminales violentos y violadores en nuestro país”, escribió Vance en X. “Los demócratas lucharon para mantenerlos aquí. El presidente Trump los deportó”.
La expulsión se adoptó en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de cuando el presidente era John Adams, que prevé la expulsión en tiempos de guerra de los enemigos del país. Trump la invocó el viernes mediante un decreto presidencial. Se ha usado en tres ocasiones: en la guerra de 1812 contra los ingleses y en la primera y la segunda guerras mundiales. En esta última ocasión, sirvió para enviar a los estadounidenses de origen japonés a campos de prisioneros en uno de los episodios más infames de la historia del país en el siglo XX.
La aplicación de la ley ofrece serias dudas jurídicas, porque, como indicó el magistrado en su escrito del sábado, tocará probar que los actos de los miembros del Tren de Aragua puedan equipararse a una invasión. Para que Estados Unidos declare la guerra a otro país es necesaria la aprobación del Congreso. La Casa Blanca está dispuesta a llevar el caso al Tribunal Supremo, seis de cuyos nueve jueces son conservadores. A tres de ellos los nombró el propio Trump entre 2017 y 2021.
En todo ese proceso la clave estará en determinar en qué momento salió el vuelo. Boasberg emitió su dictamen poco antes de las 19:00, hora de Washington, cuando en El Salvador eran casi las 17:00. La decisión del magistrado fue notificada electrónicamente a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional a las 19:26. El video está claramente rodado cuando ya había caído la noche, lo que plantea dudas sobre si la Administración de Trump ignoró una orden judicial explícita.
Tren de Aragua es una banda criminal de origen venezolano, que se convirtió durante la campaña de su reelección en un argumento constante en los mítines de Trump para justificar la deportación masiva que prometió que emprendería si los votantes lo devolvían a la Casa Blanca. Sus pandilleros se dedican, entre otros delitos graves, al tráfico de droga y de personas.
El presidente estadounidense designó la pandilla primero como una organización terrorista. El decreto del viernes ordena la expulsión del país de cualquier persona vinculada al grupo, siempre y cuando sea mayor de 14 años. La Administración estadounidense denuncia asimismo que la pandilla opera junto con carteles de drogas supuestamente patrocinados por el Gobierno de Venezuela, lo que tensa aún más las relaciones entre ambos países.
El régimen de Nicolás Maduro denunció el domingo el traslado de sus ciudadanos por contravenir las leyes estadounidenses e internacionales. Sus autoridades agregaron que el intento de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros “constituye un crimen de lesa humanidad”. En un comunicado, compararon las acciones de la Administración de Trump con “los episodios más oscuros” de la historia, y citaron la esclavitud y los campos de concentración nazis.
Maduro pactó con el enviado especial de Trump para Venezuela, Richard Grenell, el envío de aviones para deportar a compatriotas, entre los que Estados Unidos aseguró que estaban incluidos miembros del Tren de Aragua. Solo llegaron tres vuelos en febrero, con unas 609 personas a bordo. Ante la aparente paralización de los traslados por parte de Venezuela, Washington decidió revocar la licencia a la petrolera Chevron, en un duro golpe a las frágiles finanzas de Maduro. La semana pasada, Grenell y Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento venezolano y principal operador político del chavismo, anunciaron que retomarían los vuelos de deportación desde el viernes. También es una incógnita cómo afectarán los hechos de este fin de semana a ese principio de acuerdo.
El País de España