Tener un tatuaje no te hace del Tren de Aragua se refiere a que tener un tatuaje no es una característica que identifique a un miembro de esa organización criminal.
La Ley antiterrorista de Donald Trump
La Administración de Nicolás Maduro rechazó este domingo la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con lo que Venezuela considera que EE.UU. «criminaliza, de forma infame e injusta», a los migrantes venezolanos, quienes, según el chavismo, son víctimas de las sanciones del país norteamericano y otros Gobiernos occidentales.
A través de un comunicado, Venezuela expresó su «contundente» rechazo a la invocación de una «ley anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal», un acto que, a su juicio, «evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad», y denunció de forma «enérgica» que sus connacionales en EE.UU. «están siendo sometidos a persecución».
Según Washington, se busca acelerar las deportaciones masivas de los integrantes de la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, que «está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio» estadounidense, dice la orden ejecutiva.
La decisión establece que todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenezcan al mismo, se encuentren en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.
Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar Contra el Bloqueo Imperialista en Defensa de la República Bolivariana De Venezuela
No es necesario que una persona haga algo que disguste al Gobierno; basta que sea incluida en la lista de sospechosos establecida en la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar Contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela (Ley Simón Bolívar) para quedar sujeta a sanciones que pueden acarrear el despojo de sus derechos civiles (su «muerte civil») y, por si fuera poco, de sus bienes. Nunca antes el oficialismo se había atrevido a violar tan flagrantemente el principio de presunción de inocencia.
La Ley Simón Bolívar fue publicada en la Gaceta Oficial n.° 6.859 del 29 de noviembre de 2024. Había sido aprobada por la Asamblea Nacional (AN) el 28 del mismo mes y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó su carácter orgánico al día siguiente.
La nueva normativa se elaboró en tiempo récord, por la premura en dar una respuesta, más política que jurídica, al proyecto de Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, aprobado el 19 de noviembre por la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Este proyecto de ley, que aún no ha sido aprobado por el Senado del Congreso de Estados Unidos, prohibiría al Gobierno de ese país contratar a personas que tengan lazos comerciales con el Gobierno de Nicolás Maduro.
El objeto de la Ley Simón Bolívar va más allá de castigar a quien apoye las sanciones que imponen Gobiernos o entidades multilaterales a personas u organizaciones de un país (en este caso Venezuela) por la presunta comisión de violaciones de derechos humanos o hechos de corrupción. También penaliza, según se indica en el artículo 7:
«el desconocimiento de los Poderes Públicos legítimamente instaurados en la República Bolivariana de Venezuela, de sus actos o sus autoridades, así como el reconocimiento de sujetos, grupos u organizaciones ilegítimas que actúen simulando ejercer competencias de Poderes Públicos venezolanos, sus autoridades o entidades».
En términos prácticos, esta ampliación del objeto de la ley permitiría, por ejemplo, sancionar a todas aquellas personas naturales o jurídicas que no estén de acuerdo con los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Costa del Sol