El periodista caroreño, Mario Sosa, se dirigió a los medios de comunicación, a los fines de solicitar la solidaridad del Colegio Nacional de Periodistas, con motivo del hecho de cumplirse siete meses del allanamiento y ocupación ilegal de las sedes de El Diario de Carora y El Diario de Lara, propiedad del licenciado Javier Oropeza alcalde electo del municipio Torres del estado Lara.
Sosa dirigía la edición digital de El Diario de Carora, que sustituyó a la edición impresa, que circulaba, lo mismo que la edición del El Diario de Lara. Por su parte, al alcalde Oropeza un tribunal de Barquisimeto, lo desaforó, arbitrariamente, del cargo de burgomaestre, y colocó como nueva titular a la señora Lesmit Verde, presidenta de la cámara municipal.
-No se conocen a la fecha las razones jurídicas que motivaron tales acciones. Por qué se llevó a cabo este allanamiento, este procedimiento judicial contra Javier Oropeza. Ya que en el Ministerio Público de Carora no hay ningún procedimiento escrito y emanado de alguna autoridad, con competencia para abrir dicho proceso, ni denuncia alguna en contra de Oropeza, que hubiera permitido la actuación de algún organismo, comenzó señalando Sosa.
-Eso lo verificaron los abogados defensores; cuando se produjo la situación posterior a las protestas del 29 de julio pasado, de las cuales el PSUV pretendió responsabilizar de los tumultos, ocurridos en la casa de esa organización, un conjunto de acciones violentas, que dieron por resultado una persona asesinada, eran por “negligencia” del alcalde que, a los efectos de orden público, ni tiene policía municipal ni puede impartirles instrucciones a la policía del estado Lara, ni a la Guardia Nacional, como tampoco a las autoridades castrenses del Fuerte Manaure, ubicado allí; porque todas esas competencias las concentran, tanto el gobernador del estado Lara.
-En consecuencia, no se conoce ningún libelo; que haya sido, legalmente, introducido y la persecución posterior, que se desató contra el alcalde Oropeza; que es quien ostenta la legitimidad del cargo; lo mismo que contra su esposa e hijas, además de su propia madre y, posteriormente, a esta situación; entonces se pasó a ocupar, militarmente, la sede de El Diario de Carora, así como la sede de El Diario de Lara en Barquisimeto. Ambos medios estaban fuera de circulación por los problemas derivados de la escasez de papel e insumos de imprenta; lo cual afectó tanto al Diario de Carora, que se edita en una imprenta en esta localidad; lo mismo que se editaba el Diario de Lara.
-Por otra parte, ocuparon una finca, propiedad de Javier Oropeza y otra finca, propiedad de su hermano Juan, sin orden judicial. Ambas fincas provienen de la herencia familiar; por cuanto el padre de estos hermanos, el señor Francisco Juan Oropeza, era un ganadero de una conocida larga tradición en el medio caroreño, junto con la familia Alvarez, Herrera, Riera; llegando a ser presidente en la Asociación de Ganaderos de Carora y miembro del grupo promotor del ganado raza Carora.
-Debo decir, además, que los eventos que ocurrieron en la sede del PSUV desencadenaron otro proceso arbitrario; que fue el despojo de la condición de alcalde, sin que se cumpliera el procedimiento, que establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y el PSUV apeló a un recurso ante el tribunal contencioso de Barquisimeto, para que desaforara, arbitrariamente, del cargo al alcalde, y colocara como nueva titular a la señora Lesmit Verde, presidenta de la cámara municipal. Todo eso unido a un conjunto de irregularidades.
-Ahora bien, siete meses después de estos hechos, ninguna de las situaciones jurídicas afectadas ha sido procesada, revisada y ajustada a derecho. En ese sentido, exhortamos al Colegio Nacional de Periodistas y CNP de Lara, así como al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, exactamente, para recordar a la opinión pública sobre estos eventos contra de la libertad de expresión en nuestro estado.
Nota de prensa Enrique Meléndez